Recurso al Defensor del Pueblo para derruir un chalé construido en el Parque Regional

La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza ha soficitado al defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, su intervención para intentar conseguir la demolición de un chalé de lujo, construido en una de las zonas no urbanizables del Parque Regional del Manzanares, a la derecha de la carretera que lleva a La Pedriza. "Si no consiguiéramos que los dos edificios fueran demolidos, se sentaría un peligroso precedente, quedando de esta forma invalidada, a fines prácticos, la ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares", según dice el recurso presentado por los ecologistas el pasado 25 de marzo.Los ecologistas han presentado denuncias similares ante el Ayuntamiento de Manzanares el Real -en cuyo término municipal se ha construido el chalé-, ante el Patronato del Parque Regional y ante la Consejería de Ordeniación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda.- El chalé es propiedad de un vecino de Manzanares el Real y consta de un edificio principal, con una superficie de 750 metros cuadrados, un segundo edificio de unos 100 metros cuadrados de planta, una caseta de fábrica de ladrillo de unos 20 metros cuadratlos y una piscina cubierta cuyas medidas son siete por 11; metros.

Un portavoz de la coordinadora señaló que "lo peligroso de este caso no es que sea un chalé de lujo o una vivienda de dimensiones más modestas, sino que se ha construido con un desprecio absoluto hacia la ley del Parque Regional, y precisamente en tina zona, cerca de La Pedriza, que teóricamente goza de protección".

Según los documentos a que han tenido acceso representantes de la coordinadora, el chalé se ha construido al amparo de una licencia de obras municipal de fecha 1 de febrero de 1982. Sin embargo, según un informe de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, la licencia en cuestión sólo amparaba la construcción de una vivienda unifamiliar de 316 metros cuadrados, una granja de 76 metros cuadrados de superficie y una vivienda para vaquero de 57 metros cuadrados. El informe de los técnicos de la dirección general, fechado el 30 de septiembre de 1985, concluye que ninguna de las edificaciones existentes hoy puede considerarse como amparada por la licencia de 1982, y que en el caso de la piscina ni siquiera existe licencia.

La Consejería de Ordenación Territorial envió, el 5 de diciembre del año anterior, una notificación al ayuntamiento de la localidad advirtiéndole de las infracciones observadas. El ayuntamiento, en un escrito de contestación de 20 de diciembre, señala que ha inforrna do favorablemente de la legalización de las obras, aunque la decisión final corresponde al Gobierno regional.

La comisión permanente del Patronato del Parque Regional comprobó que hace unos meses, cuando el propietario del chalé pidió una ampliación de licencia, las obras estaban ya terminadas. La comisión permanente informó favorablemente de las obras de ampliación de la vivienda, pero no así en el caso de la piscina cubierta.

Ayer no fue posible localizar al alcalde de la localidad o a algún responsable de la consejería.