Irregularidades en el Plan del Síndrome Tóxico

El Tribunal de Cuentas ha observado diversas irregularidades en el Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, relativas a falta de control e incumplimiento de determinadas normas, entre otras cuestiones, según un informe técnico remitido por dicho tribunal al Congreso, fruto de la realización de una auditoría. El fiscal de este tribunal calificó de "importantísimas" esas irregularidades y solicita "una fiscalización completa".El informe técnico del Tribunal de Cuentas fue remitido al Congreso a petición de la comisión parlamentaria de investigación de la financiación de los partidos políticos y otros extremos. El fiscal consideró que del informe surge la certeza de "importantísimas irregularidades falta de controles en todo el actuar del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico", hasta el punto que impide concretar posibles responsabilidades.

La auditoría realizada al organismo autónomo Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, contó con la colaboración de técnicos sanitarios y en ella se examinaron cuestiones relativas a asistencia sanitaria, prestaciones económicas, contratos de investigación, canje de aceites, personal, tesorería y circuito financiero.

En lo relativo a la asistencia sanitaria se observa falta de control por el servicio del Plan, especialmente relevante en las unidades asistenciales de seguimiento. El informe puntualiza que tan sólo "excepcionalmente" debió contratarse a personal, cuando en la práctica las contrataciones fueron muy numerosas.

El Tribunal de Cuentas considera probada la escasa fiabilidad de los datos utilizados para las estadísticas asistenciales, además de la infrautilización del personal en numerosos centros. "Hay muchos fallos en el censo de afectados que se revela defectuoso e incompleto". El informe denuncia la inclusión en el censo de personas que no reúnen los requisitos considerados necesarios por la propia comisión clínica del Plan Nacional, sin precisar un número estimado de ellos ni si recibieron o no prestaciones.

En este capítulo de denuncias, la auditoría critica la imprecisión de la normativa sobre prestaciones económicas, lo que favoreció un deficiente control en la tramitación y concesión de las ayudas. "No se examinaron los pagos por lactancia artificial, reintegros de transportes y prótesis", porque las unidades de seguimiento hospitalarias y extrahospitalarias no facilitaron la documentación.

Los expedientes, según el informe, carecen de datos suficientes, se contabilizaron mal los cargos por prestaciones pagadas indebidamente y no figuran esos pagos, "ni siquiera en cuantía aproximada", ni tampoco las medidas adoptadas para su reintegro".

El fiscal considera que tras esas numerosas irregularidades pueden surgir responsabilidades, por lo que estima procedente "una fiscalización completa". El abogado del Estado señala que en el informe del Tribunal de Cuentas se registran una serie de anomalías que pueden entrañar responsabilidades contables "en términos graves" y aconseja una fiscalización completa de la actividad económico-financiera desarrollada desde el comienzo de la actividad del Plan Nacional.