El 20% de los médicos catalanes presentó la declaración de incompatibilidades

Cuatro mil médicos, aproximadamente el 20% de los colegiados en Cataluña, presentaron la declaración sobre incompatibilidades dentro del plazo establecido por el Instituto Catalán de la Salud (ICS), que finalizó ayer, para la declaración obligada de los médicos que ocupan más de un puesto de trabajo en la Administración pública y los que, además de desempeñar sus funciones en un centro del ICS, lo hacen en consulta privada. Dos mil auxiliares técnico sanitarios (ATS) y miembros del personal no sanitario entregaron también la declaración. Una vez concluido el plazo establecido, el ICS estudiará la documentación presentada y, posteriormente, el Departamento Jurídico del Instituto decidirá en cada caso si existe incompatibilidad o no.La ley de Incompatibilidades del Sector Sanitario no ha sido bien acogida en algunos; sectores sanitarios por entender que el motivo de que un médico trabaje en distintos sitios, pertenezcan a la red pública o no, responde a una cierta insatisfacción profesional en muchos casos, además de los problemas de una insuficiente retribución. Del mismo modo, existe cierta extrañeza ante la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones para los que ocupan más de un puesto de trabajo en la red pública, ya que entienden que la Administración debería tener un claro conocimiento de estos, aspectos.

Aplicación de la ley

Decenas de médicos del resto de España intentan presentar sus declaraciones en el Instituto Nacional de la Salud a raíz del anuncio, hecho público el pasado viernes, de la entrada en vigor de la ley de incompatibilidades de este sector. El plazo establecido para la recepción de las declaraciones; concluyó el pasado 31 de diciembre para el resto de España y 20.000 sanitarios las presentaron.El departamento de Inspección de los Servicios del Ministerio de la Presidencia ha detectado ya mil casos de personal que ocupa dos o tres puestos de trabajo dentro de la red pública y que no lo comunicó oportunamente.

Ante estas irregularidades, Javier Valero, director general de los Servicios de Inspección anunció que la citada ley entraba en vigor ayer y que con ella se aplicarían las sanciones establecidas para el personal no declarante. Entre esas medidas se ha previsto la destitución de todas las funciones, excepto de una, y la obligatoriedad de la devolución de los haberes percibidos desde el 1 de enero último en tales funciones. El Instituto Nacional de la Salud también iniciará expedientes contra estos facultativos. Ante estas manifestaciones, decenas de médicos intentan regularizar su situación laboral.