La Federación de Asociaciones de la Prensa discrepa del Defensor del Pueblo

La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), que celebra desde el pasado martes en Canarias su 45º asamblea general, ha hecho públicas sus discrepancias con el Defensor del Pueblo y ha señalado que los colegios profesionales son "garantía adecuado de la libertad de información. Varios juristas participantes en una mesa redonda calificaron de "falaces y patológicos" los argumentos de la impugnación de la ley del Colegio Profesional de Periodistas de Cataluña presentada por Joaquín Ruiz-Giménez ante el Tribunal Constitucional.

La FAPE muestra en una nota de prensa su "extrañeza", ya que "la ley ahora acusada de inconstitucionalidad ha sido aprobada de forma unánime por los grupos parlamentarios representativos de la totalidad de las fuerzas políticas españolas, que en su día dieron cuerpo al propio texto constitucional presuntamente vulnerado". La misma comunicación precisa que los- colegios profesionales, lejos de atentar contra la libertad de información", constituyen "la garantía adecuada de integridad de la libertad de información concebida al servicio de su auténtico titular: los ciudadanos".El Defensor del Pueblo presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento catalán a intancias de la sección española del Instituto Internacional de Prensa (IPI), organismo privado que agrupa a directores y editores del mundo occidental para la defensa de la libertad de información.

El magistrado del Tribunal Supremo Rafael Mendizábal señaló que "al igual que en otras actividades consolidadas", la colegiación "no supone menoscabo de los derechos constitucionales, sino una garantía y reforzamiento de los mismos". La colegiación profesional, "principal aspiración hoy de los informadores", señaló el presidente de la FAPE, Luis Apostúa, fue objeto de profunda reflexión jurídica ante las interrogantes legales abiertas por el recurso del Defensor del Pueblo.

Francisco Casares Potau, diputado del Parlamento de Cataluña, recordó que la ley cuestionada fue "aprobada por unanimidad" y fue "producto del deseo general de sus destinatarios". Aseguró que la Cámara catalana se personará en el recurso para ratificar el texto controvertido.

Modelo italiano

Potau manifestó que la figura del colegio profesional de periodistas discutida estaba en concordancia con el modelo de Italia, que ya ha sido refrendado por el alto tribunal de ese país en un proceso similar al iniciado en España por Ruiz-Giménez. "Nuestra ley, si bien reconoce la obligación de colegiarse, es flexible al establecer que tal obligatoriedad debe ser regulada por los propios periodistas en los estatutos de sus colegios", declaró el letrado catalán.En opinión de Jesús Santaella López, secretario general de la FAPE, el recurso del Defensor del Pueblo "pone en juego la supervivencia del periodismo como actividad profesional". Además, señaló que tal iniciativa "ha proporcionado al Gobierno la coartada para congelar la regulación de la profesión en el ámbito nacional".

De otra parte, el director de los Servicios Informativos de Televisión Española, Enric Sopena, rechazó que la ley catalana sea una "ley para privilegiados" por el hecho de que consagre las vías de acceso a la profesión para los titulados universitarios o los informadores con cinco años de experiencia reconocida. "El nepotismo existirá siempre con título o sin título", matizó.

La asamblea de la FAPE, que se clausura hoy en Las Palmas, urgió también al Gobierno para que "desarrolle inmediato de los derechos profesionales recogidos por la Constitución de la cláusula de conciencia y el secreto profesional".