La vergüenza del 'apartheid'

EL PRESIDENTE de la República Surafricana, Pieter Botha, nos tiene acostumbrados a una táctica en la que, tras un período de máxima dureza represiva, amanece una etapa en la que exhibe una imagen reformista, pretendiendo que el mundo espere una modificación o incluso una supresión del apartheid. En el verano de 1984 inició una reforma constitucional, creando dos nuevas cámaras del Parlamento, una para los mestizos, otra para los indios, presentada como un paso esencial para superar el monopolio blanco en la gobernación del país. Esa reforma engañosa, rechazada de modo aplastante por las poblaciones mestizas e indias, sirvió para poner de relieve la incongruencia de que más del 70% de los habitantes, los negros, careciesen de todo derecho político y fuesen además sometidos a discriminaciones escandalosas en todos los ámbitos de su vida social y privada. La consecuencia fue una ampliación considerable de la oposición de masas contra el apartheid, a la que el Gobierno Botha ha respondido con una violencia que ha causado muchos centenares de muertos y millares de heridos. Los plenos poderes que otorgó la declaración del estado de emergencia, en el verano de 1985, a la policía y al Ejército han llevado a cometer toda clase de desmanes en las barriadas negras. La presencia de los medios de comunicación extranjeros fue prohibida para reducir el impacto de esa represión brutal en el mundo.El 7 de marzo, Pieter Botha ha anunciado el fin del estado de emergencia y ha hablado incluso de otras reformas, encaminadas presuntamente a disminuir los efectos del apartheid. ¿Qué valor cabe atribuir a esas declaraciones? Absolutamente ninguno. A los pocos días se han repetido acciones represivas salvajes en poblados negros, y la lista de los muertos se sigue alargando.

Dentro del cuadro de represión existe un caso en torno al cual la opinión internacional se ha expresado unánimemente, exigiendo una medida de justicia por parte del Gobierno de Pretoria. Tanto los Gobiernos de Washington y de Moscú como la Comunidad Europea y los dirigentes revolucionarios de África han pedido la puesta en libertad de Nelson Mandela, figura legendaria del Congreso Nacional Africano (ANC). Pero Botha ha rechazado esa demanda, que tiene una carga emblemática. Actualmente la liberación de Nelson Mandela es la primera condición para que puedan aparecer posibilidades de negociación entre las autoridades y representantes auténticos de la población negra.

Botha se ha esforzado por presentar al ANC como una banda criminal que sólo piensa en liquidar por la violencia toda presencia blanca en África del Sur. Pero esa visión caricaturesca y catastrofista, utilizada para justificar la represión, ha perdido toda credibilidad. En los últimos tiempos, los representantes del ANC han celebrado en Lusaka conversaciones con representantes del sectores diversos de la población blanca surafricana: intelectuales, eclesiásticos, incluso personalidades del mundo empresarial. Crece en estos medios la convicción de que la política de Botha lleva a una catástrofe incontrolable. Uno de los participantes en estas conversaciones, Gavin Relly, presidente de la Anglo American Corp., una de las principales empresas mineras, ha declarado que "la supervivencia del capitalismo depende del fin del apartheid'. Los dirigentes del ANC, y sobre todo algunos de sus cuadros más jóvenes, han explicado que, sin renunciar a su estrategia de lucha armada, desean impulsar una alianza muy amplía de todos esos sectores contrarios al apartheid, susceptible de obligar al Gobierno de Pretoria a negociar con los representantes de la población negra.

La actitud internacional en esta coyuntura es bastante decepcionante. Sin duda, los Gobiernos europeos han decidido aplicar ciertas sanciones económicas, pero muy limitadas. Cuando hace unos días Chester Crocker, adjunto del secretario de Estado norteamericano, declaró ante una comisión del Congreso que EE UU apoyaba la regla de la mayoría negra en África del Sur y consideraba a los miembros del ANC como "combatientes de la libertad", la sensación fue grande, pero muy pronto la Casa Blanca desmintió esas afirmaciones. La actitud norteamericana no va más allá de ciertas críticas al apartheid, obligadas si se recuerda el peso de la población negra en EE UU. Pero en el terreno económico y operativo, por ejemplo con el apoyo a Savimbi, utilizado por el Gobierno de Pretoria para presionar sobre Angola, EE UU sigue con su política de "compromiso constructivo" con respecto a África del Sur. Desde Estocolmo, el obispo Tutu, premio Nobel de la Paz, acaba de lanzar un nuevo llamamiento a la movilización internacional contra el Gobierno de Pretoria y sus métodos inhumanos. No es ya cuestión de declaraciones. Los Gobiernos europeos deben estudiar medidas de presión realmente eficaces para evitar que el sistema del apartheid continúe en vigor.