200 millones para prever Ia delincuencia fueron desviados a otros fines, según el PCE
Unos 200 millones de pesetas destinados a desarrollar el plan piloto para la prevención de la delincuencia en los barrios de San Blas, Orcasitas y Pan Bendito han sido gastados "en obras ajenas a la finalidad del plan y fuera de su ámbito geográfico" según denuncia Francisco Herrera, portavoz del PCE en el Ayuntamiento de Madrid. Este partido, al igual que el Grupo Popular y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV), considera que el plan es un "parche insuficiente".
"Los problemas de los barrios afectados se han agudizado en lugar de solucionarse", afirmó el concejal comunista Francisco Herrera. El balance que hace Herrera tras dos años de funcionamiento es negativo. "La maquinaria que se compró para montar talleres de formación profesional está inutilizada y almacenada en el Grupo Escolar Nuestra Señora de Covadonga del Poblado Dirigido de Orcasitas, se han invertido 200 millones fuera del ámbito geográfico del plan, no se han desarrollado iniciativas en el terreno de la toxicomanía y se han encargado estudios sobre educación y empleo de dudosa o nula eficacia".Herrera dirigió en el pleno municipal del pasado 28 de febrero cinco preguntas al equipo de gobierno encaminadas a averiguar en qué se han gastado los 328 millones del presupuesto inicial del plan piloto, aportados por el Instituto Nacional de Empleo (Inem), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. El equipo de Gobierno explicó el destino de los 28 millones aportados al presupuesto contra la delincuencia y remitió para más datos a la gerencia de ese plan.
En el mismo pleno, el concejal del Grupo Popular Luis Peral responsabilizó del fracaso del plan al PSOE y coincidió con Herrera en que los fines previstos no se están cumpliendo. Según Luis Peral, "la inseguridad ciudadana sigue siendo muy alta en los barrios afectados y las situaciones de marginación social se han incrementado". "Además", añadió, "se han creado escasos puestos de trabajo y no se han aplicado las medidas necesarias para combatir el elevadísimo fracaso estudiantil".
Desde su puesta en marcha, el plan ha sido criticado por las asociaciones vecinales, que trataron en su último congreso regional medidas alternativas a la violencia en los barrios. El primer secretario del plan, Juan Torres, dimitió cuando apenas llevaba un año en el cargo y acusó entonces a la Administración de "parálisis política".
Creación de talleres
José Antonio Ubierna, gerente del plan, niega estas acusaciones y elogia lo conseguido, "sobre todo desde la creación del consorcio gestor, en el último semestre del año pasado". "Se han creado varios talleres y una cooperativa, Orcasan, SA", señala, "y estamos en condiciones de poner en funcionamiento otras cuatro o cinco durante este año". Según Ubierna, "se ha avanzado también en el terreno del tratamiento y prevención de la toxicomanía, complementando la labor del plan regional contra la droga. En el campo de la educación, están en funcionamiento centros de educación compensatoria para combatir el fracaso escolar, se ha puesto en marcha un centro cívico en San Blas y se ha propiciado la creación de asociaciones juveniles".
Sobre las acusaciones concretas del PCE, Ubierna admitió que los 200 millones de pesetas aportados por el Inem se han destinado a parques, centros cívicos y deportivos fuera del ámbito geográfico del plan. El gerente del plan destacó, sin embargo, "el valor social" de estas instalaciones, y precisó que la cantidad aportada por el Inem había que invertirla en "planes concretos antes de que finalizara el año".
"La maquinaria almacenada en un colegio", añadió Ubierna, "está a disposición de las asociaciones de vecinos para la creación de talleres y cooperativas de trabajo. A estas asociaciones se les ha concedido también una subvención de 11 millones de pesetas para colaborar en la puesta en marcha del plan".
Sin embargo, Emilio Fernández, miembro de la junta directiva de la Asociación de Vecinos Meseta de Orcasitas, se refirió a la "inutilización" de maquinaria en los tres barrios afectados. Según Fernández, antes de que llegara a concretarse el plan se invirtieron 28 millones de pesetas en la compra de maquinaria textil, de electricidad y carpintería. "No pueden decirnos", añadió, "que esa maquinaria, que está encerrada a cal y canto, se encuentra a nuestra diposición si no se nos facilitan los medios para crear puestos de trabajo".
Fernández, que critica con dureza la labor del plan, precisó: "Sólo después de solicitar repetidamente a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento que se nos cediese parte de la maquinaria textil se ha conseguido poner en marcha una cooperativa en la que van a trabajar 17 personas. El plan sirve de pantalla para la Administración, pero realmente no se ha conseguido nada en los terrenos de la toxicomanía, el fracaso escolar o el desempleo".
