La nueva huelga de transportes públicos

DE NUEVO a lo largo del día de ayer los usuarios españoles del transporte se enfrentaron a huelgas de las dos grandes compañías públicas de transporte: Renfe e Iberia. Ambos conflictos tienen su origen en las negociaciones del convenio y los dos se producen en sendos monopolios estatales, que registran pérdidas crónicas y desorbitadas (10.000 millones de pesetas de pérdidas previstas para 1985 en Iberia; déficit de 159.810 millones en Renfe en 1984) a expensas del bolsillo de los ciudadanos. La falta de competencia y racionalidad en la gestión, que viene dilatando año tras año la solución a esta inconsentible sangría, hace todavía más irritante la incapacidad de la Administración para evitar que el viajero se vea doblemente maltratado: como contribuyente y como usuario. Cuando viaja, los servicios son deficientes; cuando menos lo espera, se le impide la oportunidad de desplazarse. La reiteración de estas anormalidades en el transporte público llega a ser ya tan frecuente que se podría pensar si no se está dañando el elemental derecho de trasladarse de un lugar a otro libremente.Por añadidura, ahora y por primera vez en la historia del transporte aéreo se ha llevado a cabo una huelga en la que no se han respetado los servicios mínimos exigibles en cualquier servicio público. Miles de pasajeros se vieron ayer obligados a soportar con estoicismo las consecuencias de un conflicto del que son las principales víctimas. Miles de pasajeros que probablemente repetirán inútiles esperas e incomodidades en los aeropuertos los próximos días 24, 25, 26 y 31 de marzo, fechas en las que los sindicatos han anunciado la realización de nuevos paros.

La huelga es un derecho incuestionable, conquistado en nuestro país con el esfuerzo de los trabajadores. La huelga, por sus consecuencias, es también el último recurso al que deben acudir los sindicatos. Y este carácter se acentúa aún más cuando el ejercicio de este derecho incide directamente sobre los ciudadanos. Precisamente por ello, cuando la huelga afecta a sectores considerados esenciales para la comunidad se establecen las medidas que garanticen el funcionamiento de los servicios mínimos.

La actual decisión de los sindicatos de no cumplir estos servicios en Iberia suscita algunas reflexiones. En primer lugar, parece difícilmente justificable que una ley tan fundamental como la de huelga duerma aún el sueño de los justos y los conflictos sigan rigiéndose por un decreto de carácter transitorio. Mientras tanto, los servicios mínimos, en la mayoría de los casos, siguen regulándose arbitrariamente a partir del criterio del funcionario correspondiente, que decide a su albedrío sobre el número de trabajadores que habrán de atender los servicios afectados por el paro. Así, se han dado paradojas tales como que los trabajadores asignados a los servicios mínimos lleguen a superar, en ocasiones, al número de los que componen las dotaciones habituales.

En el caso de la huelga del personal de tierra de Iberia, los servicios mínimos, según los sindicatos, afectaban al 75% de las plantillas. Y tanto UGT como CC OO han coincidido al afirmar que la aplicación estricta del decreto impediría el ejercicio de huelga. La situación no es nueva y se ha reiterado en todos los conflictos que han implicado al transporte. Independientemente de la razón que pueda asistir a las organizaciones obreras, habría que preguntarse cómo es posible que la compañía y el Gobierno hayan asistido impasibles durante 24 horas al incumplimiento del decreto. Y que el Ministerio de Transportes e Iberia se hayan trasladado mutuamente las responsabilidades. La atención con los sufridos viajeros, por otra parte, se ha limitado a proporcionarles en algunos casos bebidas gratuitas y alojamiento. Otros con menos suerte han tenido que resolver totalmente a su costa los problemas causados por la huelga.

El desafío que los sindicatos han lanzado a la Administración y a la compañía Iberia pone en cuestión la viabilidad del decreto de servicios mínimos. Un decreto que obtuvo su eficacia hasta ahora del temor que imponía la amenaza de despido. Seguramente, del desenlace a que lleve esta situación -con sanciones o no, graves o menos graves- dependerá la actitud que tomen otros trabajadores de sectores considerados esenciales para la comunidad. En este sentido, es oportuno recordar que Renfe tiene previstos paros de 24 horas para los próximos 26 de marzo y 1 de abril -precedidos por paros parciales el 21 y 24 de marzo- en los que habrá de aplicarse el decreto de servicios mínimos.

La frecuencia con que efectivamente se producen huelgas en el transporte público, por tren o por avión, en España está llevando a los usuarios a algo más que la puntual molestia e irritación el día en que se producen. A estas alturas cuesta entender que tratándose de una anormalidad que origina tan extraordinarios perjuicios, personales y económicos, no se haya encontrado el camino para llegar a acuerdos negociados. Pero seguramente esta incompetencia es una muestra más del deterioro que se produce entre los responsables de algunos monopolios estatales. Por su parte, los sindicatos tendrán que justificar también la dureza con que han llevado su protesta, hasta el punto de colapsar durante 24 horas toda la navegación aérea de España al exterior y entre los diferentes puntos de España.