La sentencia de Bayona
LA SENTENCIA, pronunciada el jueves por el tribunal de Bayona contra cuatro exiliados españoles, a los que condena a cinco años de prisión como integrantes de ETA por considerar que esta organización no es otra cosa que una "asociación de malhechores", constituye una nueva y espectacular derrota de los terroristas. El pronunciamiento, de la justicia francesa resulta de especial trascendencia por varias razones.Establece por primera vez que la organización de ETA en territorio francés existe y que la pertenencia a ella constituye un delito punible, en la medida en que no se trata de una asociación política, sino de un grupo cuyos objetivos son el asesinato, el secuestro y el chantaje. Niega cualquier credibilidad a la base argumental sobre la que ETA ha pretendido justificar la continuidad de su siniestra presencia en la sociedad vasca y contribuye a terminar con la impunidad que sus dirigentes y activistas habían venido disfrutando. Para los jueces franceses, no es admisible que ETA sea un grupo obligado a buscar refugio en un país democrático ante la ausencia de libertades públicas en su país de origen.
Se trata de un paso más en el camino emprendido hace años por las autoridades políticas y judiciales francesas para ejercer una presión selectiva sobre la organización terrorista. Sería imposible no relacionar el enjuiciamiento y condena de Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Isidro Garalde, José Ramón Martínez de la Fuente Y Agustín Bergaretxe con decisiones anteriores como la extradición de algunos de sus compañeros a España para responder ante los tribunales de los delitos de los que estaban acusados o la detención y deportación de otro buen número de exiliados. Francia parece haber decidido hacer todo lo posible para convencer a la retaguardia de ETA, tradicionalmente instalada en su territorio, de que el tiempo en que los terroristas y sus armas circulaban libremente sobre suelo vasco francés, y aun más lejos, ha terminado.
ETA ha insistido siempre, con especial énfasis, en que sus delitos no se perpetraban en Francia. Sin embargo, muchos de ellos se preparaban y se preparan allí; en suelo francés está gran parte de las armas y los documentos que le permiten actuar, y a aquel país regresan en muchas ocasiones los comandos tras perpetrar sus crímenes. Nunca hasta ahora los jueces franceses habían levantado, con similar nitidez, acta de este hecho, de importancia capital para la supervivencia de la organización, y nunca se habían decidido a considerar el hallazgo de armas, aunque fuera en menor cantidad que las descubiertas en el arsenal de Anglet que dio origen a este proceso de Bayona, como algo más que un delito de carácter aislado.
Cabe felicitarse, además, porque la nueva derrota que ETA ha sufrido se produce ante los tribunales de justicia, el único terreno donde razonablemente puede un sistema democrático dirimir sus cuentas con los terroristas, que no aceptan la legitimidad del sistema pero tienen derecho a que sus delitos sean examinados con las garantías procesales debidas a todos los ciudadanos. La condena impuesta a los cuatro activistas de ETA, ya no presuntos, sino acreditados como tales, es similar a la que los tribunales franceses han aplicado hasta ahora a los mercenarios de los GAL, siniestro ariete con el que desde España, sin que se haya podido demostrar hasta ahora con qué responsables y cómplices, se ha pretendido completar la presión contra ETA.
La sentencia de Bayona zanja un proceso en el que los acusados y Herri Batasuna quisieron escoger el terreno político. Para los testigos aportados por la coalición abertzale, las actividades de los acusados en el País Vasco francés incluido el acopio de armas y explosivos y de documentación para preparar atentados, se explicarían por la ausencia de garantías democráticas y por el apoyo popular a las actividades que allí se enjuiciaban. Ninguno de estos argumentos ha sido admitido por el tribunal.
Sería ingenuo pensar que el fin de ETA está cerca. Se ha extendido en demasiadas ocasiones, con un evidente exceso de optimismo, un apresurado certificado de defunción. Ni la actuación policial contra los etarras ni, seguramente, las medidas de presión selectiva de las autoridades y los jueces franceses bastarán para terminar con la capacidad de matar o de torturar a un empresario y su familia, como está sucediendo ahora con el guipuzcoano José María Egaña. Sin embargo, ETA será consciente de que a la disminución constante del apoyo popular con que pueda contar se añade ahora el derrumbamiento de la tolerancia sobre sus bases del sur de Francia. Su credibilidad ha desaparecido, no sólo al sur, sino también al norte del Bidasoa, por más que haya debido pasar una decena de años para que los jueces del vecino país actúen en consecuencia. Y Francia en ese sentido puede encontrar un camino de lógico y necesario reencuentro con su vecino del sur.
