El silencio de los líderes

AYER SE cerró el tiempo autorizado para la publicación de sondeos de opinión sobre el referéndum, y con ello, el electorado vivirá hasta el 12 unos días de sombra en el conocimiento de lo que sus vecinos proyectan votar. No le faltarán, sin embargo, nuevos alegatos e información en los medios de comunicación ni tampoco el fuego cruzado de proclamas en los espacios institucionales de la campaña. Lo que sí ha de echar de menos el ciudadano, como una ausencia injustificable a menos que se corrija, es la actitud de algunos significativos líderes políticos que continúan escondiendo su decisión de voto.Pocas convocatorias electorales han reunido más elementos de inoportunidad y oportunismo político. Inoportunidad del grupo gobernante, a causa de la misma convocatoria, y oportunismo especialmente a cargo de los grupos que han pretendido obtener beneficios de lo que, según los últimos datos, se revela como una arriesgada operación de gobierno. Con estas circunstancias, que han deteriorado fragmentos de la convivencia política y han empezado incluso a enrarecer las expectativas económicas, con caídas fulminante de las bolsas, avisos de los banqueros y cosas así, la inhibición que han elegido algunos líderes es o una fuga de sus responsabilidades o un oportunismo demasiado burdo.

Resulta que los filósofos, los científicos e incluso los dramaturgos y poetas, intelectuales a granel, se han comprometido en manifiestos a favor del sí y del no, en una actitud que moralmente puede y debe ser la suya, pero que no responde a una responsabilidad política objetiva. Pero, en cambio, calificados hombres políticos sortean el momento de una manifestación clara sobre su intención personal de voto. Eso desdice de su capacidad de liderazgo y pone de relieve su disposición a ganar en cualquier paño. El silencio sobre la cualidad del voto, que en cualquier ciudadano particular es coherente con su derecho al secreto del sufragio, es incoherente en una personalidad que se declara con voluntad de intervenir en la vida pública. La contradicción que se establece entre expresar una vocación de dirigente y ocultar pudorosamente su criterio, justo cuando más evidente es la demanda, sería bastante para cuestionar la capacidad de dirección que se le atribuye.

Pero si esto se puede decir de algunos políticos a título individual, la misma consideración es válida para las cúpulas de determinados partidos políticos. La Constitución reconoce, como una de las funciones propias de éstos, la de fomentar y animar la participación en la vida política, y para ello, entre otras prerrogativas, reciben ayudas económicas del Estado. Muy difícilmente, por tanto, podrá decirse que los grupos que proclaman la abstención o aquellos otros que presumen de dejar libertad de voto a sus militantes contribuyan a estimular la acción política. Soslayar el ejercicio del voto es un derecho de los ciudadanos, pero inducir a soslayarlo desde quienes aspiran a recibir el apoyo electoral se asemeja mucho al oportunismo más vergonzante, incluso a costa de desacreditar el uso de las urnas. La cuestión que se debate en este referéndum es de tan incuestionable trascendencia para el futuro de la política española y del panorama internacional, que no existe fácil justificación para el abandonismo activo -recomendando la abstención- o para el abandonismo pasivo -dejando el asunto al desgaire-, según han escogido algunas agrupaciones de ámbito estatal y autonómico.

Frente a este comportamiento destaca, precisamente, la posición de algunos destacados miembros de esos partidos, como el presidente del Gobierno Vasco, José Antonio Ardanza, y el ex lendakari Carlos Garaicoetxea, que han opuesto a la equivocidad del PNV sus netas declaraciones a favor del sí y del no, respectivamente. Manifestar, como ha hecho este partido nacionalista, el Centro Democrático y Social, el Partido Reformista Democrático y Convergéncia i Unió, que conceden libertad de voto a sus militantes es, en el más leve de los casos, un gesto huero, y se asemeja casi a una tontería. La libertad de voto les pertenece a todos los ciudadanos, es un derecho constitucional, y ninguna agrupación social puede arrogarse la facultad de administrarlo.

Los ciudadanos tienen derechoa conocer el pronunciamiento personal de sus líderes sobre el referéndum. Otra actitud es claramente obstruccionista del funcionamiento del sufragio. Y en este funcionamiento -sea en el sentido que sea- descansa precisamente la estabilidad de todo sistema democrático. Por lo demás, solo en el ejercicio de ese deber que señalamos se puede fundamentar la importancia de los partidos como clave de la arquitectura del régimen parlamentario.