El presidente autónomico pide un "frente" contra el trasvase Tajo-Segura
El presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, José Bono, ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos de la misma para "presentar un frente regional" y luchar "contra la filosofía del trasvase Tajo-Segura". Bono pronunció estas palabras momentos antes de que los diputados regionales votaran unánimemente contra la actual legislación que regula el trasvase. El Parlamento de la Comunidad de Castilla-La Mancha está compuesto por 23 diputados del PSOE y 21 de Coalición Popular.En la última sesión plenaria, que se celebró el pasado miércoles en el castillo de San Servando, sede provisional del Legislativo autónomo, todos los diputados apoyaron un documento que señala la necesidad de crear una nueva normativa sobre la cuestión.
El trasvase Tajo-Segura está regulado por dos leyes, la de 16 de octubre de 1980 sobre régimen económico de la explotación y la del 19 de junio de 1971 referente al aprovechamiento conjunto de lag cuencas.
José Bono calificó de "inadmisible" el hecho de que Castilla-La Mancha tenga el 7% de sus tierras en regadío, mientras que algunas zonas de Levante, a donde llega el agua extraída de la cabecera del Tajo -pantanos de Entrepeñas-Buendía- el porcentaje llega hasta el 27% de las tierras cultivadas. Añadió Bono que muchas veces se solicita agua "que se puede derrochar al no disponerse de métodos de riego modernos". La media nacional de tierras en regadío es del 14%.
El presidente regional reclamó unas vez más que se luche contra "una injusticia secular", porque "si de alguien es el agua, es de quien la necesita" y porque "ese trasvase sólo puede servir para trasladar aguas excedentarias".
Actualmente, el Ejecutivo castellano-manchego tiene presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Territorial de Madrid, al no reconocer a la comisión central de explotación potestad para decidir el agua que se ha de trasvasar en cada momento. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha cree que la decisión ha de recaer exclusivamente en la Administración central.
En el informe aprobado por las Cortes se insta a la Administración Central a que cumpla las obras de compensación prometidas.
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