Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
TRIBUNA

La neutralidad si es posible

El presidente del Gobierno ha manifestado reiteradamente en sus intervenciones de Prensa, radio y televisión que España no puede ser un país neutral, que la neutralidad en nuestro caso es imposible. Pero la realidad es bien distinta: en ningún momento se ha intentado elaborar una política de neutralidad, y precisamente porque no se intenta, se presenta como algo imposible. Es una actitud ésta de Felipe González que ya evocaba, en los primeros años de nuestra era, el gran cordobés Lucio Anneo Séneca: "No nos falta valor para emprender ciertas cosas", decía, "porque sean difíciles, sino que se hacen difíciles porque nos falta valor para emprenderlas".En la hora presente, el pensamiento de la cúspide atlantista del PSOE se ha convertido en una explicación roma y alicorta de sus equivocaciones y rectificaciones por el salto que supone haber preconizado en otro tiempo la no permanencia a la OTAN y considerar hoy la Alianza Atlántica como única opción medular de la política exterior y de defensa de España. La neutralidad la relegan a una imposibilidad metafísica, sin perjuicio de que a veces, cada vez menos, la evoquen con una falsa nostalgia.

Pero la neutralidad sí es posible. Para empezar, así lo demuestra la existencia de esa amplia diversidad de países europeos neutrales, cada uno con sus particularidades -Austria, Finlandia, Irlanda, Malta, Suecia, Suiza y Yugoslavia-, sin que necesariamente tenga que haber un status expreso de reconocimiento internacional. Incluso en nuestros antípodas se inicia una senda de neutralidad en países socialmente tan avanzados como Australia y Nueva Zelanda, que han decidido rechazar la presencia en sus puertos de cualquier clase de buques de la Marina de guerra de EE UU que puedan representar peligros para su población, marcando así, sin mayores problemas, lo que parece que va a ser una erosión irreversible del bloque militar -quizá más suave, pero no menos efectiva- que hasta ahora era el ANZUS.

Con todas sus miserias, y también con alguna grandeza (especialmente en la I Guerra Mundial), en España hay una tradición de neutralidad, que se rompió bruscamente con los pactos hispano-norteamericanos de 1953, por los que Franco, a cambio del paraguas diplomático y económico para su dictadura, cedió de hecho la soberanía española en cuatro bases militares y otros establecimientos, que desde entonces detenta EE UU. Y esa ruptura de una neutralidad histórica, impuesta por un poder autoritario, es la que Felipe González invoca ahora como antecedente de "la contribución de España a la defensa occidental". No podemos por menos de expresar nuestra perplejidad por lo que tales fundamentaciones suponen de identificación del actual Gobierno con lo que fue una imposición de la dictadura de Franco; por lo demás, sin que la superpotencia hegemónica de la OTAN (EE UU) dudara ni por un instante en ayudar al dictador a prolongar su autocracia por 22 años más, hasta el mismo día de su muerte.

Discurso incompleto

Por otra parte, el presidente del Gobierno está haciendo un discurso voluntariamente incompleto cuando dice que saliendo de la OTAN aumentaría nuestra dependencia respecto de EE UU. Y decimos incompleto porque la inmensa mayoría de los partidarios de la senda de la neutralidad estimamos que siendo su primer paso el abandono de la Alianza Atlántica, el segundo lo será la denuncia del convenio de 2 de julio de 1982 con EE UU, que hasta ahora permite la continuidad de la presencia militar norteamericana en España. Concretamente, en el artículo 6 de ese texto se establecen las fórmulas para terminar con la ligazón de dependencia de España a Washington, con la previsión, en el punto 6.5, de que habrá un "plazo de un año, a partir de la fecha en que dicha terminación surta efecto, para que los Estados Unidos de América retiren su personal y sus propiedades muebles situados en España". Así pues, haciendo uso de un instrumento de derecho internacional, cabe poner fin, amistosamente, a la existencia de esos enclaves militares ajenos en nuestro suelo (Torrejón, Zaragoza, Morón y Rota), que significan amenazas importantes y riesgos absolutamente evitables en la dinámica de bloques. Otra cosa es que se considere que el convenio de 1982 con EE UU significa la consolidación del dominio norteamericano sobre España. De prosperar esa filosofía, que la cúspide atlantista está haciendo cundir ahora con falacias y amenazas, todo el Estado español se convertiría en un protectorado a través de una especie de nuevo Tratado de Utrecht autoconsentido.El tercer paso para lograr la neutralidad de España consistiría en alejar definitivamente el peligro de cualquier confrontación bélica de España con el norte de África. En contra de la tónica oficial, que se manifiesta con el célebre eje estratégico Baleares-Gibraltar-Canarias, definitorio de un área al Sur que no se vacila en denominar zona de cooperación". Trastocar esa área de conflicto en área de cooperación es algo perfectamente posible, en especial desde que, el 1 de enero de 1986, España es Estado miembro de pleno derecho de las Comunidades Europeas, que desde 1976 tienen tratados de cooperación muy amplios que convierten en socios comunitarios a Marruecos, Argelia y Túnez; tratados que España habrá de asumir en breve plazo.

Resulta absurda tanta ley de extranjería, tanto patrioterismo sobre Ceuta y Melilla, en vez de plantear una solución constitucional para ambas ciudades. Ésa sería también la forma de caminar hacia una cooperación fructífera con los tres países del Magreb, que en la actualidad bordean los 50 millones de habitantes y que a principios del siglo que viene, por su pujante demografía, llegarán a 100 millones. En menos de una generación habrá de realizarse un esfuerzo ingente de infraestructuras de transporte, de desarrollo agrario, de avance industrial, etcétera. Para todo lo cual, España sería un socio geográficamente privilegiado, en beneficio mutuo a ambas partes de un estrecho de Gibraltar para el que ya se está pensando en un enlace fijo.

Y, por último, está precisamente el tema de Gibraltar. Nadie duda de que todos los españoles queremos recuperar la soberanía del Peñón. Pero sería bien triste que se alcanzara una fantasmagórica cosoberanía hispano-británica a cambio de aceptar la plena nuclearización atlantista de Gibraltar, generando así, en el sur de España, un nuevo foco de vastos problemas en un Mediterráneo ya hoy bastante complicado. La única salida razonable para el problema de Gibraltar, a plazo medio, consiste en trabajar seriamente por la desnuclearización de la península Ibérica; lograr una declaración conjunta de España y Portugal, que cubra también a Gibraltar, y que aleje el peligro nuclear de dos países que en su conjunto continental abarcan 584.000 kilómetros cuadrados y 48 millones de habitantes. Un trabajo tenaz en ese sentido acabaría por dar sus frutos, sin perjuicios, sino todo lo contrario, para los 25.000 llanitos que viven sobre los seis kilómetros cuadrados del Peñón.

Opciones

En definitiva, la neutralidad es posible... si se intenta; si se trabaja esforzadamente por ella y se convierte en una apuesta con vistas al futuro; sin aislacionismos, porque ya estamos en las Comunidades Europeas y nadie va a pretender echarnos de ellas; sin desligarnos de los muchos problemas que exige la solidaridad en un mundo, cada vez más pequeño y más iníerconectado. Ésa es la opción de amplio horizonte, y no de estrecho pesimismo, de quienes pensamos votar no en el referéndum.Nuestras aspiraciones no van a cesar, pues, en pedir la salida de la OTAN. Vamos a continuar con tenacidad en nuestro propósito de poner fin a la presencia militar norteamericana; sin ningún antiamericanismo, sino, por el contrario, para tener una relación de amistad, y no de dependencia, con EE UU. Como vamos a proseguir en las ideas de la desnuclearización de la península Ibérica y de la más estrecha cooperación con nuestros vecinos del Sur. Ésa es la senda de la neutralidad, que es posible, que no es tan difícil... si realmente nos la proponemos.

Ramón Tamones y Santos Ruesga son presidente y coordinador, respectivamente, de la Federación Progresista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de marzo de 1986