Los trabajadores de la empresa que instale los parquímetros en Serrano y Azca tendrán que denunciar las infracciones

La calle de Serrano y las calles que bordean el complejo Azca serán vigiladas por empleados de la empresa que gane el concurso de suministro y mantenimiento de los nuevos parquímetros que se instalarán para la venta de unas; tarjetas específicas de aparcamiento, según aprobó ayer el pleno municipal. La medida fue muy criticada por la oposición, que manifestó sus reticencias respecto a que los trabajadores de una empresa privada denuncien infracciones. El pleno ratificó el convenio de construcción de 1.500 viviendas para realojo de chabolistas.

Luis Eduardo Cortés, en nombre del Grupo Popular, pidió ayer una aclaración al concejal de circulación, Valentín Medel, sobre el significado del pliego de condiciones por el que se regirá el servicio de regulación de aparcamiento de vehículos, en la calle de Serrano y en las que bordean el complejo Azca. En estos puntos se aplica la Operación de Regulación de Aparcamiento (ORA) desde el pasado 2 de enero y en ellas sólo, se puede aparcar con tarjetas horarias, pues no sirve el cartón de residente.Medel, que recordó que se usan parquímetros en Barcelona, Alicante y Sevilla, admitió que la empresa que se ocupe de los primeros parquímetros que se instalarán en las vías urbanas; también pagará al personal encargado de la vigilancia y denuncia de aquellas infracciones cometidas, tanto en el área vigilada como en la zona.

A partir de ese momento se abrió una fuerte discusión, pues Francisco Herrera, portavoz del PCE, manifestó que se habían hecho consultas jurídicas "y, salvo que se adjudique el servicio a una empresa municipal o mixta con capital municipal, este planteamiento no es ilegal".

El recordatorio de Medel de que los empleados de la empresa que gane el concurso estarán bajo la autoridad de la Policía Municipal -"son denuncias voluntarias hasta que la Policía Municipal las ratifique", dijo- hizo que Cortés manifestara que el Grupo Popular siempre ha mantenido reserva sobre los vigilantes de la ORA. Y añadió: "Por lo que estamos totalmente en contra de que una empresa privada realice ese cometido. Vamos a convertir a estos trabajadores en chivatos pagados".

El punto fue aprobado con el voto contrario del Grupo Popular y la abstención del PCE.

El PCE también se abstuvo al tratarse el convenio firmado por la Delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para realojar a la población marginal madrileña. De acuerdo con el mismo se construirán 1.500 viviendas para chabolistas en los próximos seis años, aunque de momento sólo se ha programado la construcción de 334 entre este año y el próximo para terminar prácticamente con el poblado chabolista de Vicálvaro. Según Francisco Herrera, portavoz del PCE, en los estatutos no se recoge la participación ciudadana y de las juntas de distrito en el consejo rector, a pesar de que Jesús Espelosín, responsable de urbanismo, aseguró que, no obstante, ambas partes serán consultadas.

Otro de los temas tratados fue el de la modificación del presupuesto municipal. José María Alvarez del Manzano acusó al equipo de gobierno municipal de hacer política electoralista. "El hecho de cambiar el presupuesto en febrero indica que estaba mal hecho porque si no, no se entiende una modificación de 2.000 millones", dijo el portavoz del Grupo Popular. "'Además, una lectura atenta de las modificaciones que ustedes pretenden realizar pone sobre el papel que han aceptado las propuestas que hicimos en noviembre y ustedes desestimaron. Son unos incongruentes", añadió Álvarez del Manzano.