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El Gobierno utilizará la mejora económica para ayudar a las empresas en la adhesión a la Comunidad Europea

El equipo económico del Gobierno acordó ayer reducir los precios de diversos carburantes y apoyar a los sectores más afectados por la entrada de España en el Mercado Común, de cara al desarme arancelario que empezará el próximo sábado. Su primera propuesta -bajar las gasolinas de 2 a 4 pesetas por litro y los fueles industriales casi un 10%- será estudiada esta tarde por la Junta Superior de Precios y aprobada mañana en Consejo de Ministros. Pero el Ejecutivo prepara medidas de mayor alcance para aprovechar la mejora de la situación económica con el fin de fomentar la inversión y las exportaciones. Sólo la caída del dólar y la del petróleo podrían elevar la actividad real más del 1% y frenar los precios al menos un 2%.

La rebaja de las gasolinas y fueles fue estudiada de nuevo ayer por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en cuyo seno hubo discrepancias durante las últimas semanas. Desde la propuesta inicial de Industria y Energía, que llegaba a seis pesetas por litro, se han aproximado las posiciones entre dicho Departamento y el de Economía y Hacienda. Este era partidario de aprovechar parte de la diferencia entre los menores costes de producción y el precio de venta al público para incrementar los ingresos fiscales y reducir así el déficit público.Las fuentes consultadas anoche todavía discrepaban sobre la probable bajada de las gasolinas, que será informada esta tarde por la Junta Superior de Precios. Unas apuntaban entre dos y tres pesetas por litro y otras entre tres y cuatro. Mayor coincidencia había sobre la reducción de los precios de los fueles, que podría aproximarse al 10% en los destinados a la industria. A finales de diciembre, cuando el Gobierno acordó la primera disminución de las gasolinas, el Ejecutivo trabajó con varias hipótesis para subir el fuel industrial, que oscilaban entre el 6% y el mantener los precios, opción que se impuso al final.

Medios de la citada Junta informaron anoche que carecían de la propuesta final del Gobierno. Pero anticiparon el propósito de vincular su informe sobre los fueles a las próximas subidas de precios para las energías alternativas: electricidad, carbones térmicos y los gases domésticos. De todas formas, su informe no será vinculante para el Consejo de Ministros.

La Junta, formada fundamentalmente por representaciones ministeriales, ha recomendado, con estrictos criterios de repercusión de costes, limitar la inminente subidas de tarifas eléctricas al 2%-3% en las domésticas y 7% en las industriales (incluido en ambos casos el impuesto sobre el valor añadido). Poco después, el ministro de Industria y Energía, Joan Majó, firmó el martes con el sector un nuevo pacto para el saneamiento de las compañías eléctricas, que prevé la subida del 8%. En los carbones térmicos, la propuesta ha sido del 6,5%.

Con todo, las decisiones que tome mañana el Gobierno, algunas de las cuales serán anunciadas hoy por Carlos Solchaga ante una reunión empresarial que inició ayer la Asociación para el Progreso de la Dirección, marcarán el inicio de una serie de medidas económicas de mayor alcance. El nuevo paquete, alentado por los beneficios de la caída del dólar y de los precios del petróleo, tendrá el objetivo económico de impedir que las consecuencias negativas del IVA y de la entrada de España en el Mercado Común supongan un deterioro de sus aspectos positivos y un freno a la clara mejora de la coyuntura que se registró durante los últimos meses de 1985.

Más actividad, menos precios

Ni la Administración ni el Banco de España han terminado sus estudios para estimar tales ventajas. No obstante, ha trascendido la impresión de que serán mayores que las esperadas en otros países industrializados; entre el dólar y el precio de los crudos, según expectativas calificadas de conservadoras en círculos empresariales, permitirán a la economía española crecer adicionalmente algo más del 1% y desacelerar los precios al menos otro 2%.

Ante el temor de que la coyuntura económica y la política aconsejen al Gobierno medidas acomodaticias de expansión, la banca y los empresarios han expresado en los últimos días la necesidad de que dicha bonanza no sea,"derrochada" en gasto público, subidas salariales o en una política monetaria que afloje los controles contra la inflación, sino en medidas que favorezcan la competitividad de las empresas y la innovación tecnológica, especialmente de cara a afrontar mejor los problemas de la adhesión en la CE. A los bancos les preocupa sobre todo que haya una política monetaria más laxa. La patronal CEOE, por su parte, ha manifestado durante su último comité ejecutivo el deseo de insistir para lograr los objetivos del reciente Congreso Empresarial,, en especial la reducción de sus cuotas a la Seguridad Social y mayores incentivos a la inversión y a las exportaciones.

El Gobierno, según fuentes informadas, comparte que la mejora de la situación económica facilitará el adoptar nuevas medidas de fomento a la inversión, sobre todo en capital-riesgo, y a las exportaciones. Como también se muestra más optimista que hace unos meses sobre la recaudación fiscal que procederá del IVA, parece dispuesto a estudiar una reducción de cotizaciones a la Seguridad Social compatible con el descenso del déficit público y con los nuevos incentivos a la inversión. Igualmente, accederá a las peticiones de los sectores más afectados por el desarme arancelario ante la CE, que se inicia el sábado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de febrero de 1986

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