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Tres catedráticos, dos magistrados y un abogado

B. DE LA C., Tres catedráticos, dos magistrados del Tribunal Supremo y un abogado han sustituido en el Tribunal Constitucional a tres catedráticos y tres magistrados que han cesado, dos de ellos por dimisión y los otros cuatro por haber llegado al término de su mandato, según la renovación por terceras partes prevista en la Constitución. Al margen de la cualificación profesional de los magistrados entrantes, como de los salientes, los seis nuevos miembros del alto tribunal son, globalmente, más progresistas que los seis que ahora cesan.

Eugenio Díaz Eimil. De 61 años, miembro de la carrera judicial desde 1947, era, magistrado de la Sala Cuarta, de lo contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo. Elegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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Carlos de la Vega Benayas. De 64 años, juez desde 1946, era magistrado de la Sala Primera de lo Civil, del Tribunal. Supremo. Elegido por el CGPL.

Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer. De 50 años, era catedrático de Derecho del Trabajo desde 1961 y desde 1962 ejerció en la universidad de Sevilla, en donde fue decano de la Facultad de Derecho y profesor del hoy presidente del Gobierno, Felipe González. Fue candidato por el PSOE para el Senado en 1977, pero no resultó elegido. Nombrado por el Gobierno. .

Luis María López Guerra. De 38 años, fue catedrático de Derecho Constitucional de la universidad de Extremadura. Letrado del Tribunal Constitucional desde 1982 y vocal de la Junta Electoral Central a propuesta de la Mesa del Congreso. Designado por el Gobierno.

Fernando García-Mon González-Regueral. De 65 años, ejerció como abogado desde 1954 a 1980. Colaboró como ahogado con Antonio Hernández Gil. En 1981 fue elegido por el Senado, a propuesta conjunta de UCD y PSOE, vocal del CGPJ, cargo en el que cesó el 23 de: octubre de 1985. Elegido por el Senado por la dimisión de García-Pelayo.

Jesús Leguina Villa. De 44 años, era catedrático de Derecho Administrativo en la universidad de Alcalá de Henares. Elegido por el Congreso por la dimisión de Manuel Díez de Velasco.

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