La bisagra gallega
TRAS UN largo y complicado viaje, Coalición Galega -formación heredera de la extinta UCD, asociada con el reformismo de Roca y deudora de la eficaz red de intereses locales de Eulogio Gómez Franqueira- ha anunciado su decisión de abstenerse en la votación de investidura de Gerardo Fernández Albor como candidato de Coalición Popular para ocupar la presidencia de la Xunta de la comunidad autónoma de Galicia. Aunque las elecciones del pasado 24 de noviembre proporcionaron a Coalición Popular una desahogada victoria, las urnas le negaron la mayoría absoluta, en cuya consecución Manuel Fraga había comprometido esfuerzos y promesas. Para formar Gobierno, los 34 diputados de Coalición Popular necesitan la colaboración -activa o pasiva- de alguna de las fuerzas políticas que se distribuyen el resto de los 71 escaños del Parlamento gallego. Hace tres semanas, la falta de apoyo de los restantes grupos parlamentarios le impidieron al candidato de Coalición Popular conseguir la investidura. Ahora la abstención de Coalición Galega le permitirá alcanzar ese objetivo.La negativa inicial de Coalición Galega a respaldar a Fernández Albor nació de la resistencia de Coalición Popular a negociar con los centristas un programa mínimo de "dignificación de la vida pública gallega", cuyos puntos principales eran una distribución equitativa de los recursos presupuestarios entre los ayuntamientos y la adecuación de los criterios seguidos por las cuatro diputaciones -dominadas por Coalición Popular- en la asignación de esos fondos. El siguiente paso de los centristas fue entablar un diálogo con los socialistas y con Esquerda Galega para formar un Gobierno de progreso. Cuando las negociaciones habían culminado -de forma inesperada- en un acuerdo, la ejecutiva de Coalición Galega desautorizó a sus representantes (entre los que figuraban nada menos que Pablo González Mariñas, su candidato para presidente en las elecciones, y José Rodríguez Peña, su secretario general) y anuló el pacto. El desenlace -al menos por ahora- de esta teatral historia ha sido la decisión de Coalición Galega de no negociar pactos de gobierno o de legislatura con ninguna fuerza política, el anuncio de su abstención en la investidura de Fernández Albor y la adopción del papel de "oposición rigurosa, constructiva y responsable". Queda por despejar la incógnita de cuál será la actitud hacia el futuro de los dirigentes de Coalición Galega desautorizados por su ejecutiva.
El pacto inicialmente suscrito y luego desbaratado entre los socialistas (22 escaños), Coalición Galega (11 escaños) y Esquerda Galega (3 escaños) reunía los apoyos necesarios para designar presidente de la Xunta y formar Gobierno. Ese acuerdo habría favorecido fundamentalmente a las opciones reformistas. Al demostrar -con el ejemplo gallego- que la fórmula de un Gobierno de coalición de centro-izquierda es viable, la teoría del voto útil, que obliga a los ciudadanos a escoger entre el PSOE y Manuel Fraga, hubiera perdido parte de su fundamento, creando las condiciones necesarias para que los sectores del electorado socialista cuyas simpatías centristas fueron sacrificadas en 1982 en aras de la eficacia del sufragio y del rechazo de Alianza Popular regresaran a sus antiguas fidelidades. Parece que la desautorización sufrida por González Mariñas y Rodríguez Peña, patrocinadores de la alianza con los socialistas, no se debe sólo a la influencia dentro de Coalición Galega de la red de intereses locales asociada con el nombre de Gómez Franqueira, sino también a los consejos o a las instrucciones de sus socios reformistas de la operación Roca, presionados a la vez por sus eventuales financiadores. Arrojándose en brazos del partido de Fraga, el reformismo de Roca se presenta ahora más bien como un conservadurismo con rostro humano.
De no haber mediado el accidentado proceso previo de negociación, acuerdo y ruptura posterior con el PSOE y Esquerda Galega, la abstención de Coalición Galega podía encontrar justificaciones dentro del marco político de la comunidad autónoma. Con sus 161.000 votos podía aducir la considerable distancia de respaldo popular que separa a los 5 10.000 sufragios de Coalición Popular de los 356.000 votos del PSOE. Las fuerzas del centro están abiertas, por definición, a acuerdos con los partidos situados a su derecha y a su izquierda. La negociación sobre los programas de gobierno, los acuerdos de legislatura y la distribución de las cuotas de poder determinan la viabilidad de las alianzas entre la formación bisagra y el partido predominante. Es por eso evidente que, en principio, los reformistas tienen derecho a pactar lo mismo con los conservadores que con los socialistas. Pero la experiencia gallega enseña que un partido con vocación mediadora debe disponer, para hacer ese juego con eficacia y limpieza, de cohesión interna, claridad de ideas y destreza operativa. La bisagra ha chirriado en exceso y suscita razonablemente el temor de que la organización reformista, también en el resto de España, ha nacido oxidada.
