El fiscal reclama un año para los siete acusados de falsedad en la revalorización del Banco Coca
El fiscal solicitó ayer ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid un año de cárcel y 50.000 pesetas de multa, por el delito de falsedad en documento público, para Ignacio Coca y cada uno de los otros seis procesados -los otros dos no asistieron-, en la vista oral del juicio por falsedad en documento público. Según las conclusiones definitivas del fiscal, los delitos realizados en 1978 para la revalorización del Banco Coca, previa a su fusión con Banesto, lograron una plusvalía próxima a los 7.700 millones de pesetas. Marcial Fernández Montes, abogado de Ignacio Coca, pidió la absolución de su defendido. Los restantes abogados proseguirán hoy sus informes.La vista, iniciada el pasado 29 de enero (ver EL PAÍS del día siguiente), se reanudó ayer y se espera que concluya hoy. En la sesión de ayer declaró Ignacio Coca, quien aseguró que sólo actuó como apoderado del Banco Coca, pero no participó en las operaciones de revalorización de activos acordadas con Banesto para la fusión de ambas entidades. No asistieron a la vista los procesados José Luis Cuberta, ex directivo del Banco Coca, ni José Ramírez Lucena, uno de los intermediarios. Según los abogados, el primero se encuentra enfermo y el segundo ha fallecido.
A petición del fiscal, e¡ tribunal acordó que el juicio se circunscribiera a los siete procesados presentes en la sala.
Terminadas las declaraciones de los procesados y los testigos, el fiscal modificó su acusación inicial en el sentido de considerar que, en lugar de múltiples delitos de falsedad, realizados a través de 21 escrituras notariales y varias pólizas intervenidas por agentes de cambio y bolsa, cada procesado había cometido un delito continuado de falsedad, excepto Encarnación Barco, que sólo participó en una de las falsedades.
El fiscal solicitó un año de cárcel y 50.000 pesetas de multa para Ignacio Coca, Juan Antonio del Río Bravo de Laguna, Miguel Pintado Aguado -directivos o altos empleados del Banco Coca- y José Medianero Guerrero, Antonia Vergara Piñero, Juan Medianero Guerrero y Encarnación Barco Gil.
El fiscal relató las operaciones sucesivas de venta de inmuebles o acciones, realizadas por los procesados ante notarios de Madrid, Fuengirola y Málaga y agentes de cambio y bolsa, por las que se revalorizó el activo del Banco Coca con una plusvalía aproximada superior a los 7.694 millones de pesetas y los testaferros obtuvieron 12 millones de pesetas de gratificación. Aseguró que los demás hechos colaterales, tales como el acuerdo previo con Banesto para la revalorización del Banco Coca no tienen ningún interés", dijo, "a efectos del fiscal".
Protección de la fe pública
Señaló que para que existiera el delito del que acusaba, bastaba que en el documento público se faltara a la verdad "en la narración de los hechos", sin que fuera preciso que se hubiera producido un perjuicio para nadie. Explicó que el bien jurídico protegido es la fe pública. Agregó que la ley sobre regularización de balances habilitaba otros medios para la revalorización de activos, dijo, "incluso sin incidencia fiscal", a pesar de lo cual los expertos del Banco Coca no los utilizaron.El abogado Marcial Fernández Montes pidió la absolución para su defendido, Ignacio Coca, y aseguró que no podían separarse las operaciones documentales realizadas de la finalidad de las mismas, en la que estaba conforme Banesto y su presidente, José María Aguirre Gonzalo, e incluso, según afirmó, "era conocida por las autoridades del Banco de España". En todo caso, señaló que Ignacio Coca firmó varios vendís de acciones como apoderado del Banco Coca, por lo que no cabe ninguna responsabilidad.
