El Tribunal Constitucional anula la sentencia del Supremo sobre la corrala de Tribulete
El Tribunal Constitucional ha estimado en parte un recurso de amparo presentado por los vecinos de la popular finca de la corrala de Tribulete contra una decisión del Tribunal Supremo que declaraba la ruina del inmueble. En la sentencia ahora anulada, el Supremo confirmaba otra de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial que declaraba la situación de ruina del edificio situado en el número 13 de la calle del Sombrerete, sin perjuicio de las facultades de la Administración para procurar la conservación de la finca.
El Ayuntamiento, propietario de la finca actualmente, no realizará ninguna actuación en este sentido según manifestó ayer un portavoz municipal tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional. "La sentencia", explicó, "resuelve el problema legal -de rescisión del contrato de alquiler- que se les planteaba a los inquilinos tras la declaración de ruina dictada el 18 de mayo de 1982 sobre el edificio El mismo portavoz municipal precisó que "la actitud del Ayuntamiento es la contraria a la que pretendía ejecutar el anterior propietario, que perseguía la declaración de ruina y la demolición del edificio.El Ayuntamiento, que compró el edificio hace dos años a su anterior propietaria por 25,5 millones de pesetas, realizará en breve obras de rehabilitación en el edificio, que incluyen la instalación de agua corriente y servicios en las casas. El nuevo casero firmará nuevos contratos de arrendamiento a los inquilinos. La corrala, típico patio de vecindad de las calles de Sombrerete y Tribulete, en el barrio de La Latina, fue declarada monumento histórico artístico por resolución del Ministerio de Educación y Ciencia de 22 de noviembre de 1977.
El motivo por el que el Tribunal Constitucional ha anulado la sentencia del Supremo es que a los vecinos de la corrala se les citó por la Audiencia Territorial a través del Boletín Oficial del Estado en lugar de hacerlo personalmente durante la tramitación del recurso presentado por la propietaria de la finca. A los inquilinos no se les informó tampoco de la sentencia dictada ni del posterior recurso de apelación interpuesto por la Gerencia Municipal de Urbanismo.
La decisión del Tribunal Constitucional hace que se retrotraiga el procedimiento al momento en que la Audiencia dictó sentencia a favor de la declaración de ruina y ordena que se les comunique personalmente a los vecinos esta decisión por si quieren personarse en el procedimiento o unirse al recurso de súplica planteado por la Gerencia de Urbanismo. Esta sentencia se apoya en el artículo 24.1 de la Constitución, que establece el derecho de todas las personas a ejercer la tutela efectiva de todos los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
La Audiencia desestimó otra parte del recurso planteado por la propietaria relativo a la demolición del inmueble. La propietaria recurrió ante la Audiencia una resolución dictada por la Gerencia de Urbanismo en la que este organismo denegaba la declaración de ruina y ordenaba a la propietaria realizar obras para dejar el inmueble en las debidas condiciones de seguridad y habitabilidad.
Un largo expediente
Ante la negativa de la propietaria a reparar el edificio, la Gerencia de Urbanismo, por acción sustitutoria, acomete en 1979 las obras de reparación y conservación del edificio acondicionándolo para que perviva como inmueble. Las obras de reparación, que supusieron al Ayuntamiento un coste de 29 millones de pesetas, no sirvieron, sin embargo, para solucionar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, en su mayoría de una extensión de 30 metros cuadrados y sin ventilación.Coincidiendo con la realización de estas obras, la propietaria de la corrala recurrió al Tribunal Supremo, que en su sentencia reconoció su valor histórico artístico del edificio, pero declaró a efectos judiciales la ruina del inmueble, lo que implicaba la rescisión de los derechos arrendatarios y de los inquilinos y la no autorización de demolición del edificio.Paralelamente, los inquilinos presentaron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue admitido a trámite. Mientras continuaban las acciones judiciales de este largo proceso, el Ayuntamiento llega a un acuerdo con el propietario y adquiere el inmueble y pacta con los vecinos la reestructuración de la corrala.
Tras largas negociaciones con los inquilinos, que pagan recibos de alquiler de entre 100 y 200 pesetas, 63 vecinos seguirán habitando la corrala, lo que representa el 80% de su capacidad. Las viviendas vacías servirán para ampliar las restantes.
Un portavoz municipal precisó ayer que la Empresa Municipal de la Vivienda, organismo que llevará a cabo la rehabilitación, actualizará la renta de los contratos de alquiler respetando los límites establecidos para las viviendas de protección oficial. La empresa municipal ha asegurado a los inquilinos que carecen de medios económicos que se les garantizará su permanencia en la vivienda.
La corrala de Tribulete es el ejemplo más característico de la tipología urbana madrileña de las casas de corredor de mediados del siglo pasado.
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