El Gobierno propone desmontar 8.000 cámaras agrarias heredadas del sindicato vertical

El Congreso de los Diputados inicia mañana el debate sobre el proyecto de ley de Bases de las Cámaras Agrarias, que intenta ser un primer paso para desmontar una estructura heredada del sindicalismo vertical, con gran influencia y poder económico. La ley prevé elecciones para decidir los miembros de las nuevas cámaras provinciales El futuro de las más de 8.000 cámaras locales quedará a expensas de lo que decida cada comunidad autónoma, pero perderán sus atribuciones asistenciales y los cauces de financiación de que se nutren.

El proyecto de ley viene a dar cumplimiento a una de las promesas del presidente Felipe González en su discurso de investidura, recién ganadas las elecciones por el PSOE. El texto legal, muy breve, consta de una exposición de motivos, 15 artículos, tres disposiciones adicionales y una transitoria. Las cámaras locales que existen en España no tienen parangón en el mundo, y el Gobierno defiende que la adaptación a la CEE exige una transformación como la propuesta en el proyecto de ley.La ley establece que en el futuro sólo habrá una cámara agraria por provincia y que la adscripción de los agricultores, como consecuencia de la libertad de asociación reconocida en la Constitución, ya no será obligatoria. Consecuentemente, estas corporaciones perderán sus competencias asistenciales y pasarán a ser meros órganos consultivos de la Administración.

Las elecciones para los nuevos vocales provinciales servirán a la vez para establecer Ia auténtica representatividad" de las asociaciones de agricultores y ganaderos. El futuro de las cámaras lo cales queda a expensas de lo que determine cada comunidad autónoma. Sólo cinco autonomía tienen hasta el momento competencias en este ámbito, y Galicia ha aprobado una ley que las garantiza. También Cataluña, aun que aún no le han sido transferidas atribuciones para ello.

Nacidas por decreto

Alianza Popular, según declaró ayer el coordinador del partido para temas agrarios, Miguel Ramírez, ha presentado un texto alternativo en el que se pide mantener estas corporaciones, sus labores asistenciales y de servicio y su existencia en cada pueblo. En su opinión, el objetivo "es desmontar un reducto que está impidiendo la penetración del PSOE en el medio rural".Las actuales cámaras agrarias, figura que con otras características jurídicas existe en España desde 1890, fueron creadas por decreto en junio de 1977. Heredaron el personal, las funciones (salvo en lo que se refiere a los trabajadores del campo) y la estructura del sindicato vertical agrario, las antiguas hermandades de labradores y ganaderos. De los 15.000 empleados de entonces que pasaron a ser funcionarios sólo quedan poco más de 5.000, sometido este colectivo, cuya edad media es de 56 años, a un vertiginoso descenso vegetativo.

En la actualidad prestan servicios de todo tipo, hasta la construcción o mejora de caminos, para lo cual cobran ocasionalmente a los agricultores cuotas o derramas. El Estado concede cada año 9.000 millones de pesetas para subvenciones y sueldos. Su influencia es determinante en cada pueblo, porque canalizan las ayudas, gestionan las pensiones y cobran la Seguridad Social agraria, cuyas cuotas superan al año los 150.000 millones de pesetas. Por esta gestión, los funcionarios, aparte de su sueldo, cobran un porcentaje del 1,5% de lo recaudado. El Gobierno proyecta que estos servicios sean en el futuro responsabilidad de ayuntamientos y diputaciones.