Nuevo escrito de queja de los abogados de Ruiz-Mateos ante el Tribunal Constitucional

Los abogados de José María Ruiz Mateos han presentado un nuevo escrito de queja ante y contra el Tribunal Constitucional, por entender que se ha producido una nueva violación de los derechos fundamentales del empresario jerezano, y en especial el derecho a la no indefensión y a la tutela efectiva de los tribunales.El meollo de los reiterados escritos dirigidos por los abogados de Ruiz-Mateos al alto tribunal se orienta a lograr que el organismo dicte sentencia sobre la cuestión de constitucionalidad de la ley de expropiación, planteada por el Juzgado número 18 de Madrid, antes de que se produzca el cambio de la mitad de los magistrados del mencionado tribunal.

El primer intento del proceso se remonta a la solicitud hecha por Ramón Pelayo, abogado de Ruiz Mateos, de una entrevista con el presidente del tribunal, Manuel García Pelayo, que le fue denegada. Posteriormente, el abogado solicitó en un escrito de queja que el tribunal dictara sentencia antes del cambio de magistrados, escrito que fue rechazado por el pleno del tribunal, que entendió que no había lugar al ejercicio de petición. Ahora se produce este segundo escrito de queja, por entender que ese rechazo produce nuevas violaciones de los derechos fundamentales de Ruiz-Mateos.

En el mencionado escrito, los abogados solicitan del tribunal adopte acuerdo para que finalicen las violaciones al derecho a la no indefensión, derecho a obtener la tutela efectiva de los órganos jurisdiccionales, derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y, en especial, que se dicte sentencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad con anterioridad al cambio de magistrados del alto tribunal.

La dilación en este punto supone para los demandantes la violación del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, puesto que la dilación que se está produciendo va a terminar significando que los magistrados del tribunal que van a juzgar la cuestión son distintos a los que hubieran debido hacerlo de no haberse producido la dilación denunciada.

Por otro lado, el fiscal Fernando Jiménez Lablanca continuará de momento como fiscal especial del caso Rumasa, junto con Julián Hernández Guijarro, pese a haber sido nombrado fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Madrid por el Consejo de Ministros.