El congreso de Alianza Popular

EL VII Congreso de Alianza Popular ha modificado sus estatutos a fin de que 30 de los 47 vocales de su Comité Ejecutivo Nacional puedan ser elegidos mediante un sistema de listas abiertas. El presidente de Alianza Popular -elegido de forma independiente- tendrá que designar a los cuatro vicepresidentes y al secretario general de la organización entre esos vocales electos. Sin embargo, el líder del partido conservador mantendrá la potestad para nombrar libremente a otros 17 miembros de la Comisión Ejecutiva, que ocuparán posiciones importantes, como las secretarías generales adjuntas, las presidencias del consejo político nacional, del comité de conflictos y disciplina y del comité electoral nacional, la tesorería y las secretarías de área. Alianza Popular mantiene la prohibición de las corrientes de opinión organizadas y afirma el principio del liderazgo en el partido.La innovación estatutaria de Alianza Popular merece el aplauso de todos quienes recelan -con razón- del proceso de burocratización de los partidos políticos españoles, tendencia que no hace sino confirmar el diagnóstico formulado a comienzos de siglo con carácter general por el sociólogo alemán Robert Michels. Esa esclerotización de las formaciones políticas, que conduce a la eternización de los líderes y al ahogamiento de las discrepancias, es el resultado de las estructuras organizativas, que consagran la dominación de los elegidos sobre los electores y de los mandatarios sobre los mandantes. La experiencia enseña, sin embargo, que la rigidez disciplinaria de los estatutos y las pautas autoritarias de los grupos dirigentes también pueden tropezar con fronteras insalvables, mas allá de las cuales los partidos estallan y se descomponen en mil pedazos.

La transición española -con la disolución de UCD y el fraccionamiento del PCE- aporta significativos ejemplos de esos frenos destructivos a la burocratización de los partidos. Alianza Popular ha sabido leer esos precedentes y ha buscado una válvula de escape para las tensiones internas que las aspiraciones de sus líderes subalternos o el conflicto entre distintas alternativas necesariamente crean. De esta forma, los votos de los compromisarios de su VII Congreso permitirán cuantificar los apoyos y los rechazos de aquellos dirigentes que representan idearios, sensibilidades o actitudes diferentes. Miguel Herrero, Alfonso Osorio, José María Ruiz Gallardón o Fernando Suárez tendrán oportunidad de conocer el respaldo que conceden las bases conservadoras a sus personalidades o a sus tesis.

Manuel Fraga -por ahora el indiscutido líder de Alianza Popular- no se verá obligado, sin embargo, a aceptar el equipo dirigente que los compromisarios designen. Como señalamos, no sólo se reserva el derecho a designar a los cuatro vicepresidentes y al secretario general del partido que han de secundarle en su trabajo cotidiano sino que retiene la facultad de nombrar a personas de su confianza para ocupar otros cargos. Con todo, se trata de un paso hacia adelante en la tarea de ajustar la vida interna de los partidos a las pautas democráticas, de acuerdo con el mandato de la Constitución, un mandato demasiadas veces despreciado por las planas mayores de las burocracias partidistas, con riesgo para su propia estabilidad interna (como demuestran las crisis de los centristas y de los comunistas) y para la estabilidad del sistema en su conjunto.

Alianza Popular discutirá también, en su congreso, las estrategias alternativas para disputar a los socialistas la hegemonía electoral. Frente al obsesivo dogma tradicional de la mayoría natural y del bipartidismo, va ganando terreno la línea de un fuerte partido conservador, orientado populistamente hacia el centro, capaz de mantener su coherencia interna y resuelto a prescindir en los carteles de la abigarrada y variopinta yuxtaposición de siglas que evocan vagamente imágenes liberales o democristianas pero que carecen del suficiente arraigo social. La clave de esa estrategia bien pudiera ser el temor de Alianza Popular a un futuro desenganche de los diputados y los senadores de otros partidos, elegidos en las urnas bajo la sombra protectora de Manuel Fraga pero dispuestos a actuar por su cuenta si la coyuntura facilita operaciones bisagras. No parece, en cualquier caso, que esa línea innovadora pudiera imponerse antes de que las elecciones generales de 1986 permitan conocer las posibilidades de la actual Coalición Popular, pacto que vincula a Alianza Popular -abrumadoramente hegemónica dento de la fórmula- con los democristianos del PDP y los llamados liberales de José Antonio Segurado.