La Monarquía del futuro
EL mismo día en el que alcanza la mayoría de edad, el príncipe Felipe de Borbón y Grecia, heredero de la Corona según el orden de sucesión dinástica establecido por la Constitución, comparece ante las Cortes para prestar el juramento que ésta exige. El Príncipe de Asturias asumirá el compromiso de guardar fidelidad al Rey y de "desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas". La esencia de nuestro sistema de gobierno se resume simbólicamente en esta ceremonia, que tendrá como actores principales al futuro titular de la Monarquía parlamentaria -"forma política del Estado español"- y a los diputados y senadores de las Cortes Generales, representantes del pueblo, en el que "reside la soberanía nacional" y "del que emanan los poderes del Estado".Diez años después de iniciada la transición desde la dictadura al régimen pluralista, el juramento constitucional del Príncipe heredero muestra que las instituciones diseñadas por las Cortes elegidas en 1977 y refrendadas por el pueblo español en 1978 funcionan normalmente. La circunstancia de que el acto tenga lugar con un Gobierno socialista, cuyo partido es oficialmente republicano, no hace sino realzar el significado del acontecimiento. La vigorosa personalidad política de don Juan Carlos, que hizo posible primero la recuperación de las libertades de los españoles y las afianzó después -el 23 de febrero de 1981- con su valiente respaldo del ordenamiento constitucional frente a los militares rebeldes, permitió la plena reconciliación histórica de las fuerzas democráticas con la Corona. El compromiso hoy adquirido por Felipe de Borbón para guardar la Constitución y respetar los derechos y las libertades de los españoles proyecta hacia el futuro la continuidad de ese demorado encuentro y lo afianza sobre bases institucionales.
La significación del acto ha estado amenazada por la confluencia de los recelos electoralistas de la derecha autoritaria -temerosa de la intervención del presidente del Gobierno y miope ante las implicaciones históricas de que Felipe González sea secretario general del PSOE- y las emulaciones protocolarias del presidente del Congreso, que a punto ha estado de personalizar vanidosamente y de manera exclusiva el acontecimiento. La sesión parlamentaria de hoy se reduce artificialmente a una intervención de Gregorio Peces-Barba y a la toma de juramento del Príncipe (desprovisto del uso de la palabra), como resultado de la politización del acto promovida por el sectarismo reaccionario y de los excesos litúrgicos del presidente del Congreso. El absurdo planteamiento de la sesión parlamentaria ha forzado, en aras del sentido común, a prolongar el acto del Congreso con una segunda ceremonia en el palacio Real, donde el Príncipe de Asturias recibirá del Rey el Gran Collar de la Orden de Carlos III. Es responsabilidad primordial del presidente del Congreso que ese nuevo acto reste protagonismo a las Cortes y establezca una diferencia entre la sede de la representación popular y la residencia simbólica de la Corona, cuando ésta ha defendido y servido valientemente, y por repetidas veces, el carácter parlamentario del régimen. Pero al menos la recepción en el palacio de Oriente permitirá que el príncipe Felipe de Borbón y el presidente del Gobierno hagan lo que la combinación de los reaccionarios de derecha y de izquierda no les habían permitido realizar dentro del hemiciclo: subrayar con sus palabras la trascendencia del acontecimiento.
Ésta, por lo demás, es obvia: la Monarquía y la democracia se funden en un proceso de continuidad y de futuro para este país. En el entendimiento actual del valor de las instituciones: poniendo el protocolo al servicio de la política y la política al servicio de los ciudadanos. Hoy la modernidad estará encarnada por el príncipe Felipe en el palacio de Oriente.
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