El juez de delitos monetarios vuelve a procesar a dos ex directores generales del "holding" Rumasa

Luis Romero Agarrado, ex director general de la división bancaria de Rumasa, y Manuel Sánchez Marín, ex director general de administración y responsable del departamento de contabilidad del holding, fueron procesados ayer por el juez de delitos monetarios, Luis Lerga Gonzálbez, por presunta falsedad en documentos mercantiles. Ambos ya habían sido procesados por los mismos hechos el 20 de junio de 1984, junto a otros tres ex directores generales de Rumasa, pero la Sala Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó sin efecto en octubre del mismo año ambos procesamientos.

La Audiencia Nacional adujo entonces "la absoluta carencia de elementos de juicio que el juez ha dejado de suministrar a este tribunal". El fallo indicaba, no obstante, que el juez instructor podría decretar de nuevo el procesamiento si a la vista de las pruebas lo estimara oportuno.El juez Lerga decretó ayer para ambos la prisión provisional comunicada, de la que podrán librarse si prestan cada uno una fianza de un millón de pesetas. Además, deberán prestar sendas fianzas de cinco millones de pesetas para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias.

El juez ha decidido volver a procesar a ambos ex directores generales tras recibir declaración de numerosas personas, entre ellos los propios procesados. Tanto Luis Romero como Manuel Sánchez mantuvieron recientemente sendos careos con el ex presidente de Rumasa, José María Ruiz-Mateos, en presencia del mencionado juez. El careo entre Ruiz-Mateos y Romero Agarrado fue especialmente violento, y en el transcurso del mismo el empresario amenazó a su ex colaborador con un "te arrepentirás".

En el auto de procesamiento de Romero Agarrado, el juez Lerga señala que, tras hacerse cargo de la dirección general de la división bancaria de Rumasa, en octubre de 1982, detectó activos ficticios, contabilizados en los distintos bancos del grupo, cuyo origen y causa desconocía, por un volumen global no inferior a 1.400 millones de pesetas.

Romero Agarrado, de acuerdo con el auto, "se puso en comunicación con el presidente, José María Ruiz-Mateos, para regularizar dicha situación, y de acuerdo con él, a finales de enero de 1983 impartió las órdenes oportunas para que en vanos bancos de Rumasa se abrieran cuentas de crédito a nombre de distintas entidades, sin autorización de las mismas ni soporte documental.

Operaciones fraudulentas

Esas operaciones bancarias, según el auto de procesamiento, fueron las siguientes:

- Apertura de una cuenta en Bankisur a nombre de la Empresa Nacional de Petróleo (Enpetrol) por valor de 299.984.000 pesetas.

- Cuentas abiertas en el Banco de Sevilla por un importe global de 306.003.000 pesetas, a nombre de Enpetrol, Manufacturas Generales de Ferretería (Magefesa) y Motor Ibérica. En la cuenta de Enpetrol, y sin conocimiento de esta entidad, se cargaron 102.031.000 pesetas, para eliminar parte del saldo de la cuenta Cartera de Avisados.

Posteriormente se cambiaron los nombres de los titulares de estas cuentas por los de sociedades del grupo Rumasa. En julio se deshicieron los asientos citados y la operación supuso crear una inversión crediticia y unas cuentas corrientes ficticias sin la existencia de efectos comerciales ni el conocimiento de sus titulares.

- En el Banco de Huelva se efectuó una supuesta operación de cambio, cuyo abono se realizó en una cuenta a nombre de Lubrizol Española, SA, por la suma de 29.800.000 pesetas, de las que luego se dispuso en favor del Banco de Albacete, lo que supuso la creación de otra operación crediticia ficticia.

El juez Luis Lerga explica en el auto que mediante órdenes análogas se abrieron cuentas y se cargaron en ellas créditos o asientos contables a nombre de diversas empresas en los bancos de Murcia, Latino, de Albacete, General, Peninsular y de Toledo, por un importe total de 955 millones de pesetas.

En el auto de procesamiento de Manuel Sánchez Marín, el magistrado indica que, como encargado del departamento de administración de Rumasa, con categoría de director general desde 1979, en el segundo semestre de 1982, y siguiendo órdenes de Ruiz-Mateos, "dio las órdenes oportunas para que en los balances correspondientes a ese año se practicara un conjunto de asientos contables globalizados, en los que, contraviniendo los principios de contabilidad generalmente aceptados y sin causa abierta y objetivable, se reflejaban variaciones de su activo para simular un aumento patrimonial de Rumasa".

Manipulación contable

Estos asientos distorsionaron la situación económica financiera de la entidad, fijando como revalorizaciones de la cartera de valores 356.753 millones, que se hicieron figurar abonados a los capítulos capital, reservas y pérdidas y ganancias.

Entre 1977 y 1982, bajo órdenes de Ruiz-Mateos, el ahora procesado ordenó "conscientemente de faltar a la verdad" que al final de cada ejercicio se practicaran contraasientos en la contabilidad de Rumasa, con los que se aparentó un "incremento falaz" del beneficio de la empresa y se disminuyó el importe de sus pérdidas.

Por otra parte, los abogados de José María Ruiz-Mateos presentaron ayer ante el Tribunal Constitucional un escrito de queja o denuncia contra dicho tribunal por la tardanza del mismo en dictar sentencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de Expropiación de Rumasa, planteada el 11 de octubre de 1984 por el titular del juzgado de primera instancia número 18 de Madrid.