El congreso de Jueces para la Democracia estudia el programa de gobierno "exigible" al poder judicial
La asociación Jueces para la Democracia debatirá en su congreso, que empieza hoy en Madrid, "el programa exigible al actual Consejo General del Poder Judicial" (CGPJ). Entre las propuestas a estudio figura la participación de todos los funcionarios de la oficina judicial en una "solución convenida" para su mejor funcionamiento, así como la creación de comisiones contra la corrupción, y para relacionarse con los usuarios y los colaboradores de la justicia. Propone también modernizar los criterios de calificación y disciplina.
La propuesta que hoy comenzará a debatirse en el congreso de la asociación judicial progresista consta de 28 folios y ha sido elaborada por los magistrados de Madrid Manuela Carmena y Perfecto Andrés. Otras ponencias son la del País Vasco, sobre policía judicial; Andalucía y Valencia, sobre la ley del Jurado, y Cataluña, sobre los problemas de la ley orgánica del Poder Judicial.La ponencia de Madrid parte de la conveniencia de que el Consejo fomente la democracia judicial y la participación de todos los sectores relacionados con la administración de justicia en la adopción de soluciones convenidas para el mejor funcionamiento de cada oficina judicial. La propuesta consiste en la obtención de un compromiso, cuyo cumplimiento deberá vigilar el propio Consejo.
Contra la corrupción
Otra sugerencia es la creación por el Consejo de diversas comisiones, una de ellas para impedir la corrupción. Entre sus objetivos figura la divulgación de que todos los beneficios privados ilegítimos obtenidos con el servicio público de la justicia -dinero, tiempo libre, influencias, empleos complementarios- constituyen corrupción, así como la tramitación de todas las denuncias que se produzcan y la celebración de unas jornadas nacionales contra la corrupción. Se propone una tercera comisión que se relacione con los usuarios de la justicia -asociaciones de consumidores, separados, mujeres maltratadas y marginados sociales de todo tipo- y con los sectores que colaboran con ella, como abogados, procuradores, forenses y peritos.Entre otras sugerencias para que el Consejo asuma criterios disciplinarios, de calificación y de inspección más modernos, se propone relativizar, la significación de la antigüedad, que tanto puede ser mérito como demérito; fundamentar el prestigio profesional en el ejercicio imparcial y laborioso del servicio público de la justicia; renunciar al control ideológico y a la protección de la jerarquía, y promover una inspección no documental, sino del funcionamiento cotidiano de la oficina judicial. En el orden interno, se pide al Consejo que reduzca al mínimo el secreto de sus deliberaciones y que no se sustraigan a la opinión pública los términos del debate interno ni de las posibles confrontaciones con otras instituciones.
El pleno del CGPJ acordó la semana pasada aplazar la aprobación del programa de actuación para sus cinco años de mandato, elaborado sobre un borrador inicial del vicepresidente Manuel Peris. En el pleno del pasado 8 de enero, varios vocales sugirieron que se introdujeran correcciones sobre las relaciones del Consejo con las comunidades autónomas y sobre la repercusión del ingreso en la Comúnidad Económica Europea. Emilio Berlanga e Ignacio de Otto redactaron el texto final, que fue rechazado el pasado 17 de enero por entender la mayoría del Consejo que su tono era ofensivo y muy duro con la carrera judicial.
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