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TRIBUNALES

El fiscal solicita 7 años para Albarrán, el toxicómano que pidió la reinserción social

JULI ESTEVE, Francisco Javier Albarrán, el heroinómano que en febrero de 1985 se entregó voluntariamente a la policía confesando ser autor de dos delitos y pidiendo medidas de reinserción social, encara hoy en Valencia su primera cita con la justicia, con la que tiene pendiente un total de tres casos de robo con intimidación. Como ya ocurriera en aquella ocasión, Patxi Albarrán confesará abiertamente haber participado en el asalto a una sucursal de la Caja de Ahorros de Valencia en octubre de 1983, en donde consiguió un botín de 217.000 pesetas.

El llamado caso Albarrán empezó el 17 de febrero del año pasado, cuando un heroinómano habitual se presentó en una comisaría madrileña y confesó ser autor de dos delitos ya archivados por la policía. La novedad en este caso era que Francisco Javier pedía ser curado, "porque la otra alternativa era chutarse una sobredosis o seguir delinquiendo para obtener dinero con que conseguir la heroína, que necesitaba cada vez más". A esas alturas de su vida ya había perdido un buen empleo y dejado a su mujer y sus dos hijos.Albarrán tuvo aquel día un momento lúcido y relajado y se dio cuenta de que su vida estaba "echada a perder". No fue el suyo un camino de rosas a partir de ahí. Después de la confesión, pasó de la comisaría a la Dirección de la Seguridad del Estado. De allí, al juzgado, y finalmente ingresó en prisión, donde fue localizado por dirigentes de las Juventudes Socialistas, interesados por su caso a partir de la publicación de los primeros datos. Entre el Albarrán "delgado, demacrado, babeante y siempre abstraído" que Nino Olmeda, responsable de toxicomanías en la dirección de las Juventudes Socialistas, encontró en la cárcel y el actual media un abismo.

Fueron necesarios, no obstante, seis largos meses de prisión preventiva para que el peregrinaje de quienes le ayudaron hablan do con directores generales, ministros y jueces diese sus primeros frutos: Albarrán salió en libertad condicionada el 1 de agosto, para ser ingresado en una granja de rehabilitación en la sierra de Cazorla. Había sido necesario que Mario Albarrán, su hermano, y Nino Olmeda mantuvieran durante 15 días una huelga de hambre. Tres meses después, como una terapia más en su convalecencia, empezó a trabajar en el Centro de Investigación y Desarrollo de Actividades del Ocio (CIDAO), entidad ligada estrechamente a las Juventudes Socialistas.

En el ínterin, Albarrán ha tropezado con sendas peticiones del fiscal para los dos delitos de los que se confesó autor: robos con intimidación con una pistola simulada, con botines respectivos de 15.000 y 80.000 pesetas. La solicitud es de 15 meses en un caso y de cinco años y 400.000 pesetas de fianza en el otro.

Se declarará culpable

Para el tercero de los casos, el que se juzga ahora en Valencia, el fiscal solicita la pena de siete años de prisión mayor. Javier Albarrán se declarará culpable, pese a que, según su abogado, José María Merlos, ningún testigo ha reconocido a su cliente como autor de aquel robo en la sucursal de la Caja de Ahorros de Valencia, en octubre de 1983.

Albarrán encara el juicio con el temor de que de poco o nada sirva su actitud de los últimos meses y haya de ingresar de nuevo en prisión, ambiente éste nada favorable a la recuperación de antiguos toxicómanos.

Pese a la confianza que en él tienen depositada sus familiares y quienes en las Juventudes Socialistas se han convertido en sus padrinos, todos son conscientes de que la recaída, una vez en la cárcel, no es descartable en ningún caso.

José María Merlos, el abogado, pedirá para su defendido una pena de seis meses y un día de prisión menor, y espera que Francisco Javier Albarrán pueda salir en libertad condicional o cumpla la pena en un establecimiento privado de rehabilitación, según lo previsto en la legislación vigente.

Albarrán ha declarado en Valencia que estaba nervioso ante el juicio y que entre sus proyectos está el de buscar trabajo. Salga o no en libertad inmediatamente, habrá de enfrentarse con una cruda realidad.

Las Juventudes Socialistas han recibido 200 peticiones de rehabilitación

J. E., Las Juventudes Socialistas (JJ SS), después de que el caso Albarrán fuera conocido, han recibido otras 200 peticiones similares, provenientes de drogadictos encarcelados o perseguidos por la justicia y aún en libertad, según los datos ofrecidos por Nino Olmeda, responsable de toxicómanas de la organización juvenil socialista. JJ SS, a través del Centro de Investigación y Desarrollo de Actividades del Ocio (CIDAO), ha diseñado un plan de reinserción que acoge casos como el de Patxi Albarrán, basado en la experiencia habida con los etarras.

El plan será presentado en breves fechas al ministro de Justicia, Fernando Ledesma, que ha mostrado una actitud muy receptiva a las peticiones de las JJ SS.

La pena, en suspenso

El plan contempla, entre otras medidas, que el heroinómano arrepentido que sufriera el síndrome de abstinencia fuera atendido en los primeros momentos en un centro sanitario adecuado. Pasaría por una segunda fase en un centro público de deshabituación. Al tiempo, la pena que le fuere impuesta quedaría en suspenso. Finalmente, el Gobierno aprobaría, en una última fase, indultos individuales.

En cualquier caso, los jóvenes socialistas demandan al Gobierno que tome cartas en el asunto, mediante el establecimiento del probation, libertad a prueba, vigente en otros países, y sugieren que se firmen convenios entre la Administración y las empresas públicas para que éstas ofrezcan empleo a los rehabilitados.

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