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PRIMERAS AUDITORÍAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES

Cantabria, La Rioja y Baleares

Cantabria, que solicitó ser auditada al Tribunal de Cuentas, presenta el mayor cúmulo de irregularidades. La Rioja, por el contrario, muestra el mejor informe, y Baleares presenta una situación bastante similar a la de Canarias.El informe sobre Cantabria, cuyo estatuto de autonomía fue aprobado el 20 de diciembre de 1981 y que no tuvo período preautonómico al establecerse su Diputación Regional como superior órgano representativo, se refiere al ejercicio de 1982. La gestión de este Gobierno regional corresponde a Alianza Popular; pero muchos de los defectos detectados se deben al sistema de contabilidad heredado de la Diputación Regional.

Respecto al control interno, los auditores ponen de manifiesto la ausencia de procedimientos de control sistemático en la ejecución de las operaciones. Entre las anormalidades más importantes en este área figuran las siguientes: no existen procedimientos de verificación para depurar errores; no se hacen con regularidad listados de los apuntes contables registrados en los distintos conceptos y partidas, ni se conservan los que se emiten; no hay libros contables encuadernados y foliados; el archivo es un almacén, y se han detectado operaciones que no estaban recogidas ni en la contabilidad ni en la liquidación del presupuesto.

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El capítulo de personal es uno de los que reúne mayor número de irregularidades: 25 personas no incluidas en rióniina y sí en seguros sociales; subida salarial superior a la autorizada; existencia de un plus de prolongación de jornada (aunque no se controla el horario) que cobran todos los trabajadores, excepto los que perciben plus de productividad; en horas extraordinarias se ha llegado a pagar a una misma persona 1.030 horas en diciembre y 515 en julio y septiembre (se pagan indebidamente a quienes disfrutan también de prolongación de jornada); en el 90% de los casos investigados las retenciones por IRPIF están mal hechas; no hay constancia de que haya habido pruebas de aptitud ni convocatoria pública en las contrataciones; a finales de 1982 el 26% de los funcionarios disfrutaba de unos singulares créditos de vivienda (una anualidad a devolver en 96 meses al 0% de interés).

Las irregularidades o el escaso control son también frecuentes en la adquisición de bienes y servicios, en las transferencias y en la deuda. En la verificación realizada en la Caja de la Diputación Regional se observaron, entre otras deficiencias: el resumen se lleva en un libro dietario sin conceptos, con tachones y de difícilinterpretación; anotaciones no individualizadas; discordancia en los traspasos de saldo de un día al siguiente; no existen arqueos de caja, ni recibos prenumerados para cobros, ni un fondo fijo en metálico.

El informe sobre Baleares se refiere a 1983 (el estatuto se aprobó en febrero de dicho año) y analiza la ejecución de los presupuestos prorrogados de 1982 y los de 1983, aprobados el 25 de octubre. Las deficiencias son muy similares a las expuestas para Canarias: falta de control, incumplimientos legales en algunos aspectos de la política de personal (contratación, retenciones, etcétera) y en la adquisición de bienes y servicios (contratación directa, defectos en la adjudicación, falta de justificantes, etcétera). Las anomalías se extienden a transferencias, Tesorería y muy especialmente a algunos organismos dependientes.

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