Medidas de UGT y CC OO contra Telefónica por disolver la ITP

Los sindicatos mayoritarios de Telefónica, UGT y CC OO, anunciaron ayer la iniciación de acciones legales y huelgas si la compañía mantiene su postura de separar los regímenes sustitutorio y complementario de previsión, pasando el prirnero al régimen general de la Seguridad Social y disolviendo el segundo. Los sindicatos han convocado una huelga para el día 9 de enero y el Consejo de Ministros del viernes pasado aprobó el decreto de servicios mínimos que deberán quedar garantizados.La decisión de separar contablerriente las cuentas de la pensión sustItutoria y la complementaria, que hasta ahora se presentaban unidas, se tomó el pasado viernes tras la suspensión de la junta general de la Institución Telefónica de Previsión (ITP), al entrar un grupo de trabajadores y representantes sindicales para pedir explicaciones de la postura de la empresa, y tras fracasar las conversaciones para lelas que mantenían sindicatos y Telefónica para tratar de encontrar una salida que satisfaciera a las partes por la necesidad de aplicar el decreto de integración de las mutualidades a la Seguridad Social.

Al no haberse separado las cuentas de las dos pensiones durante los años anteriores no se sabe a ciencia cierta si las reservas técnicas que existían para hacer frente a los pagos de pensiones corresponden a la parte sustitutoria o a la complementaria. Telefónica, que en principio tiene que hacer frente a un pago a la Seguridad Social de 160.000 millones de pesetas. para la integración de la pensión sustitutoria, considera que el decreto ha modificado las condiciones y que los algo menos de 40.000 millones de pesetas de reservas existentes deben considerarse que pertenecen a esta pensión, mientras que los sindicatos entienden que forman parte de las reservas de la pensión complementaria en su mayor parte, dado que el sistema nunca ha sido de capitalización.

El acuerdo, al que estuvieron a punto de llegar UGT y la empresa el pasado viernes, pero que fue vetado por el Ministerio de Economía en su calidad del principal accionista de la empresa, consistía en que Telefónica se comprometía a abonar, como reservas para la pensión complementaria, 15.000 millones de pesetas con cargo a los ejercicios de 1985 y 1986. Al tiempo liberaría a la ITP de los compromisos o avales adquiridos hasta la fecha, lo que significaba cerca de 10.000 millones de pesetas adicionales para dicha mutualidad. El Ministerio de Economía y Hacienda consideró que Telefónica no podía comprometerse con compromisos de futuro para garantizar pensiones, por lo que vetó el principio de acuerdo alcanzado.

La Telefónica, al proceder a la disolución de la pensión complementaria de la ITP, ha señalado que "tratará de encontrar un acuerdo satisfactorio en cuanto a los derechos reconocidos a los pasivos y que la cotización correspondiente a la parte complementaria dejará de aportarse por los sujetos obligados". Los sindicatos han calificado de "terrorismo empresarial" y "robo legal" la decisión unilateral de Telefónica de disolver la parte correspondiente a la pensión complementaria.