La Guardia Civil incumplió la ley Antiterrorista en la detención de Zabaltza, según el Defensor del Pueblo

Mikel Zabaltza, que pereció ahogado tras ser detenido por la Guardia Civil, no recibió ayuda letrada ni fue reconocido por un médico inmediatamente después de la detención, en contra de lo que prevén la ley Antiterrorista y la de Enjuiciamiento Criminal, según un informe elaborado por la oficina del Defensor del Pueblo, institución de la que es titular Joaquín Ruiz-Giménez. El texto fue remitido en la noche del martes a Gregorio Peces-Barba, presidente del Congreso. El Defensor del Pueblo tiene la obligación de remitir al presidente de esa Cámara la información de la que disponga en relación con la actividad gubernativa respecto a la aplicación de la ley Antiterrorista.

Ésta es la primera vez en que esta institución efectúa un seguimiento de la ley. El informe sobre el caso Zabaltza, fue realizado por dos delegados del Defensor del Pueblo, que se trasladaron al lugar de los hechos después de conocer las denuncias de malos tratos formuladas por Idoia Ayerbe, novia de Zabaltza. De este informe se desprenden transgresiones en la aplicación de ley Antiterrorista.En la noche del 10 de diciembre, dos asesores responsables de las áreas de Justicia, Defensa e Interior del Defensor del Pueblo se trasladaron a a Endarlaza (Navarra), se entrevistaron con el juez instructor; con el gobernador civil de Guipúzcoa; el teniente coronel jefe de la Comandancia del cuartel de Intxaurrondo; y el comandante jefe de información de ese cuartel, así como con familiares de Mikel Zabaltza y miembros de la Cruz Roja.

Entre los testimonios que los redactores del informe recogen de los submarinistas de la Cruz Roja participantes en la búsqueda del cuerpo de Zabaltza en el Bidasoa se afirma: "Se descarta la posibilidad de que el cuerpo se encontrase en el río ya que, si se hubiera ahogado su cuerpo flotaría en las orillas".

"A Mikel Zabaltza no le es designado en ningún momento letrado de oficio, a pesar de que permanece algunas horas, no concretadas, en el cuartel de Intxaurrondo", se lee en el informe.

"A los otros tres detenidos, respecto de los cuales se solicitó la prórroga de su detención, se les designa abogado de oficio el día 30 de noviembre, es decir, cuatro días después de la fecha de la detención", dice el texto en este apartado, que previamente recuerda la obligatoriedad de que el detenido cuente de forma inmediata con asistencia letrada.

Estos asesores del Defensor del Pueblo descartan en su informe que los detenidos hayan firmado de forma inmediata la diligencia de información de sus derechos según establece el artículo 520.2 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esta misma ley es nuevamente citada para resaltar el derecho de todos los detenidos a ser reconocidos por un médico inmediatamente después de su detención: "Los cinco detenidos no fueron reconocidos al inicio del período de detención por el servicio médico del cuartel y, por consiguiente, a Mikel Zabaltza no le fue practicado ningún reconocimiento médico".

Bolsas de plástico

Los asesores desplazados, según versión obtenida de la Guardia Civil, comprueban que a los detenidos se les coloca durante los interrogatorios una bolsa de plástico sobre la cabeza, con el fin de que no puedan reconocer a los agentes.

"Por un debido respeto a la dignidad de la persona, entendemos que los procedimientos descritos deben cesar de inmediato y ser sustituidos por otros", señala el informe de la oficina del Defensor del Pueblo.