La huelga delos mineros

LA HUELGA en la minería que comenzó ayer y se prolonga durante esta jornada ha tenido repercusiones distintas en las cuencas de Asturias, donde el paro no alcanzó el 50%, y en el resto de España, donde la respuesta fue casi completa. Convocada por los sindicatos CC OO y UGT, esta acción reivindicativa de los mineros ofrece unas características que la hacen distinta de las protestas más comunes de este tipo. Por ejemplo, los mineros no incluyen entre su catálogo de peticiones nada referido al capítulo salarial. El eje de la protesta -que curiosamente no ha secundado el Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA), federado en UGT- se centra en la exigencia de una política minera negociada y el cumplimiento del Plan Energético Nacional (PEN), que los diputados socialistas aprobaron en el Parlamento. Junto a estos dos aspectos añaden, entre otros, la necesidad de acabar con el minifundismo empresarial existente en el sector y establecer las adecuadas medidas de seguridad para cortar la trágica sucesión de muertes en la minería.No parece, pues, a primera vista, que las peticiones sean las que corresponderían al sindicalismo más radical. Sobre todo si se tiene en cuenta que, además de su elemental componente de protección al trabajo, los demás aspectos fueron abordados ya por otros países, principalmente los europeos, desde la crisis del petróleo, y con el fin de reordenar e incentivar las producciones carboneras, diversificar las fuentes de energía y reducir su dependencia exterior.

En 1985 -denominado con amargo sarcasmo el año de seguridad minera - se han registrado, hasta el momento, 73 muertes en las minas españolas. Y habrá que convenir que no todas son producto de la mala suerte, como algunos responsables del poder se han permitido declarar. Por otro lado, nuestro país tiene un sector minero formado por un gran número de pequeñas explotaciones privadas cohabitando con las enormes explotaciones del sector público, cuyas pérdidas y deficiente gestión soporta el ciudadano, y cuya reestructuración nadie ha decidido abordar. Minas con 6, 10 o 12 trabajadores son consideradas normales por la Administracion, que no sólo permite su existencia, sino que en buena parte la fomenta con la autorización de nuevas concesiones.

A partir de esta política, que parece obedecer tan sólo a una falta de política y, en consecuencia, a un irresponsable aplazamiento de soluciones, se acentúan día a día las irregularidades y defectos estructurales de la minería. El minifundio empresarial en una actividad de este orden obstaculiza la inversión necesaria para permitir el trabajo con unas razonables garantías de seguridad. Pero además habría que preguntarse sobre qué clase de suerte se espera para unas explotaciones marginales cuya única mecanización consiste a menudo en una pareja de mulas ciegas que arrastran en la oscuridad de los pozos las vagonetas de mineral. Igualmente la formación de los mineros es una necesidad que abochorna contemplarla entre un programa sindical de aspiraciones sin respuesta. No hay escuelas de formación que impidan que el trabajo se aprenda burlando a la muerte en las entrañas de la mina. Y, como han denunciado los viejos mineros, hoy se llega a ocupar el puesto de picador a edades temerariamente jóvenes.

No se entiende, por tanto, cómo, ante este panorama y las protestas que claman por su solución, el Gobierno y el partido en el poder hayan adoptado una actitud pasiva, cuando no de menosprecio. Contando con que el propio Gobierno ha cantado aquí y fuera de nuestras fronteras las bondades de la política de concertación y pacto, no es inteligible que la petición de los sindicatos -apoyados en este caso por las empresas- se reciba con tan escasa disposición negociadora. ¿Existe quizá en esta dura actitud gubernamental el propósito de contener futuros movimientos laborales que podrían desencadenar el mítico poder de la minería? El hecho es que, en la medida de sus fuerzas, el PSOE ha conseguido que el SOMA, en la cuenca asturiana, no secundara la convocatoria, ni tampoco ha ahorrado adjetivos como "demagógicos" y "radicales" para referirse a los dirigentes mineros que propusieron el paro.

En contraste con la dinámica de protestas que caracterizó a este sector en tiempos de la dictadura, ésta es la primera vez que se suspende la actividad en todo el sector minero desde el restablecimiento de la democracia. Se comprende, pues, la desazón que en el poder ha suscitado esta huelga, así como se hace todavía más inexplicable, especialmente a tenor de la lista de peticiones sindicales, que la Administración no haya encontrado el camino para evitarla