Un Reino unido menos unido

El pasado miércoles, el cuerpo del policía Keith Blakelock, número de identificación de Scotland Yard 781-Y, recibía cristiana sepultura en un pequeño cementerio local de Londres. Su funeral congregó al secretario de Estado del Interior, Douglas Hurd, al jefe de la Policía Metropolitana de Londres, a docenas de compañeros del finado y a una gran muchedumbre multirracial.¿Qué convirtió el funeral de un modesto miembro de las fuerzas del orden en una ceremonia multitudinaria? El hecho es que Blakelock hizo historia al convertirse en el primer policía muerto en acto de servicio en unos disturbios callejeros durante la violencia registrada en el suburbio londinense de Tottenham el pasado octubre.

Blakelock fue asesinado por una multitud enloquecida a golpes de puñales, machetes y hacha cuando intentaba proteger a los bomberos que pretendían apagar uno de los muchos incendios provocados por la muchedumbre, principalmente en los comercios propiedad de los asiáticos. Su muerte constituye un ejemplo dramático de la explosiva situación urbana en varias ciudades del Reino Unido, que, en opinión de una concejala laborista y presidenta saliente de la comisión municipal de policía de un barrio de Liverpool, "cada vez se parece más a lo que ocurría en el Ulster en la década de los setenta".

"La diferencia", ha manifestado Margaret Simey, "¿es que mientras en el Ulster las divisiones se produjeron por motivos religiosos, en los núcleos urbanos británicos las divisiones son raciales". Y al decir raciales se estaba refiriendo no solamente a las luchas entre negros y blancos sino también a las de negros contra miembros de las comunidades asiáticas y de negros y blancos contra todos.

Toxteth en el distrito 8 de Liverpool, St. Pauls en Bristol, Handsworth en Birmingham y Brixton, Notting Hill, partes de Hackney y últimamente Tottenham en Londres tienen todas las trazas de convertirse en lo que los ingleses llaman gráficamente no-go areas o zonas prohibidas, donde incluso sus habitantes se juegan a diario la vida.

El debate sobre la violencia en las zonas urbanas o inner cities ha pasado de golpe al primer plano de la actualidad en el Reino Unido hasta el punto de que, en los últimos sondeos de opinión, aparece igualado con el desempleo en la preocupación del ciudadano medio. Y no cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes temas de las próximas elecciones generales.

Todos los sectores sociales han tomado partido sobre las causas que provocan esa violencia que sacude el país y que no sólo afecta a las relaciones raciales en las zonas urbanas, sino que tiene también su expresión en los campos de fútbol y su extrapolación tragicómica a una pelea a puñetazos entre parlamentarios británicos en Estrasburgo en esta última semana.

Recientemente, el propio príncipe Carlos, heredero de la Corona, provocó una fuerte controversia con unas pretendidas declaraciones, luego negadas, en las que había expresado su preocupación por "reinar en el futuro sobre un país dividido". Pero, ciertas o no, las declaraciones reflejaban una preocupación real, compartida entre otros sectores por la Iglesia de Inglaterra (anglicana), la Iglesia del Estado.

En el informe publicado a primeros de este mes, y encargado por el arzobispo de Canterbury, doctor Robert Runcie, la comisión de áreas de prioridad urbana de la Iglesia de Inglaterra acusaba al Gobierno de llevar a cabo "una política económica dogmática e inflexible, cuyos efectos son inaceptables para comunidades y generaciones". La comisión recomendaba un incremento sustancial del gasto público en la mejora de los servicios públicos y añadía que, en su opinión, la población estaría dispuesta a aceptar un aumento de la presión fiscal para hacer frente a estos gastos si los consideraba justos. Pero mencionar un aumento de los impuestos a Margaret Thatcher es como mentar la soga en casa del ahorcado. El Gobierno calificó de colectivista el informe.

La versión laborista

Por su parte, el Partido Laborista tiene las ideas muy claras sobre la causa de la violencia, fruto, para el partido, de las privaciones, de la pobreza y del desempleo. La idea de unas zonas prohibidas es un invento del Gobierno, en opinión de los laboristas, para desviar la atención sobre el problema del paro y justificar la aprobación de poderes draconianos para la policía, entre ellos el empleo de material antidisturbios hasta ahora sin utilizar en Gran Bretaña.Mientras el debate continúa y los argumentos se prodigan, el único beneficiario de la trágica situación en los guetos parece ser el Gobierno. La actitud enérgica de condena de los sucesos desde el pasado otoño y la promesa de adopción de medidas más duras contra los agitadores han provocado el aumento de la popularidad de los tories en las encuestas, donde han recuperado en tres meses lo perdido en el resto del año y se encuentran ahora o igualados con los laboristas al 36% de la aceptación popular.

Lo grave para los laboristas es que, dado el sistema mayoritario británico, Margaret Thatcher puede volver a obtener una minimayoría con ese 36% mientras que Kinnock precisa de por lo menos un 39% para gobernar en solitario.