El intento de secuestro de un ciudadano cubano produce "crispación" en las relaciones entre Madrid y La Habana

El intento de secuestro del cubano Manuel Antonio Sánchez -que había solicitado asilo político en España- realizado por cuatro funcionarios de La Habana "introduce un nuevo elemento de crispación en unas relaciones que ya eran delicadas", según afirmaron ayer fuentes cualificadas del Ministerio de Asuntos Exteriores español. El incidente, según estas fuentes, se vio complicado más aún por la nota del Ministerio de Exteriores de Cuba que acusaba al Gobierno español de asociarse y brindar amparo a la "inmoral conducta" de "un vulgar ladrón". En una escalada verbal en la que se han utilizado términos inusuales en el lenguaje diplomático, la OID respondía a la nota cubana diciendo que ésta contenía "afirmaciones falsas y calificaciones intolerables".

El incidente quedó parcialmente zanjado ayer hacia las dos de la tarde, cuando un avión de Cubana de Aviación trasladaba a La Habana al vicecónsul de Cuba Ángel Alberto León Cervantes y a los funcionarios de ese país Abelardo López Hernández, Ramón Burroto Chávez y Francisco Ventura Torrientes. Todos ellos se encontraban en la comisaría de policía del aeropuerto de Barajas (Madrid) desde las tres de la madrugada, después de que el juez de guardia diera curso a la solicitud de expulsión formulada por el Ministerio del Interior.Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español afirmaron ayer por la tarde que la decisión de expulsar a los cuatro funcionarios fue consensuada entre ese ministerio y el del Interior, que fue el que inició la consulta. Finalmente, Interior decidió proponer la expulsión al juez acogiéndose al párrafo c) del artículo 26 de la ley de Extranjería, publicada el pasado 3 de julio. Este párrafo prevé que los extranjeros podrán ser expulsados de España, por resolución del director de la Seguridad del Estado citando estén "implicados en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior del Estado" o realicen "cualquier tipo de actividades contrarias a los intereses españoles o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países".

Fuentes diplomáticas españolas afirmaban anoche que procesar a los cuatro funcionarios cubanos iba a ser "un engorro", teniendo en cuenta que las previsibles penas de cárcel a la que podían ser condenados eran cortas. "Otra cosa", afirmó un cualificado funcionario del palacio de Santa Cruz -sede del Ministerio de Asuntos Exteriores-, "habría sido si hubiera corrido la sangre".

Coacción o secuestro

El alcance de las eventuales condenas dependía sobre todo del delito por el que se decidiera procesar a los cuatro funcionarios cubanos. El hecho de que el juez partiera de la hipótesis de un delito de coacciones en vez de uno de detención ilegal (secuestro) ayudaba bastante a evitar el procesamiento. También ayudaba el que no se acusara a uno de los cuatro detenidos de hacerse pasar por miembro de la policía.

Al Gobierno español le cabía la posibilidad de saltarse las prácticas internacionales habituales y ceñirse a la Convención de Viena de 1961, que regula las inmunidades diplomáticas, ya que esta convención hace sólo referencia a diplomáticos que se encuentran en el ejercicio de sus funciones.

El vicecónsul cubano no se encontraba en este supuesto, cosa que la diplomacia española tuvo aún más clara cuando el embajador de Cuba en Madrid, ayer por la mañana, le dijo al ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, que carecía de información sobre el incid ente, y que, por tanto, no dio ninguna orden al respecto.

A las 10.40 de ayer, el embajador de la República de Cuba en Madrid, óscar García Fernández, acudía al palacio de Santa Cruz, accediendo, con más de 20 horas de retraso, a la convocatoria urgente que se le había hecho. óscar García Fernández estaba en Barcelona cuando se produjo el incidente y había excusado su retraso en virtud de la imposibilidad de volar a Madrid en el puente aéreo, que el viernes estuvo prácticamente paralizado por la huelga de controladores y por el cierre, durante varias horas y debido a la niebla, del aeropuerto de Barajas.

Francisco Fernández Ordóñez recibió al embajador cubano acompañado por el subsecretario del Departamento, Fernando Perpifiá-Robert, y por el director general de Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia. Durante 45 minutos las autoridades españolas pidieron explicaciones. El embajador se limitó a decir que no sabía nada y a acusar de robo a Manuel Antonio Sánchez Pérez. De todos modos, habló poco, según comentó ayer por la tarde uno de los asistentes a la reunión.

A esas horas el Ministerio de Asuntos Exteriores español conocía ya la nota hecha pública por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, y cualificados diplomáticos españoles habían expresado su "indignación". Un alto cargo de Exteriores afirmaba ayer que la nota había servido para crear un clima "más enrarecido".

Cuba explicaba en su comunicado que Manuel Sánchez Pérez había sido convocado por la Embajada de Cuba en Madrid, ya que "se habían hecho evidentes serias irregularidades de carácter financiero en la gestión del mencionado Sánchez Pérez, quien pretendía apropiarse de la suma de 499.000 dólares

[unos 77 millones de pesetas] depositada en el Banco Trasatlántico Comercial".

De sospechoso a reo

La cancillería cubana seguía afirmando que cuando Sánchez Pérez fue localizado a la salida del banco, "éste se convirtió de sospechoso en reo", provocándose "una alteración del orden que motivó la intervención de las autoridades españolas". La nota -que concluía pidiendo la puesta en libertad de los detenidos y la devolución del dinero- rechazaba "el mentiroso calificativo de exiliado atribuido a un vulgar ladrón que simplemente intentó apropiarse de fondos del Estado cubano, con cuya inmoral conducta estaría el Gobierno español asociándose y a su vez brindándole amparo".

Minutos después de que el embajador cubano abandonase el palacio de Santa Cruz, la OID, del Ministerio de Asuntos Exteriores, hacía una nueva nota, que era la segunda que emitía en el mismo día, después de que a la 1.40 anunciara la expulsión de los funcionanos. Según la OID -que recordaba que el incidente era "incompatible con el ejercicio de las funciones diplomáticas"-, la nota del ministerio cubano contenía "afirmaciones falsas y calificaciones intolerables sobre el comportamiento del Gobierno español".