El Supremo respalda a AP frente al PSOE en su disputa por la Caja de Valladolid

Una sentencia del Tribunal Supremo obligará a reponer en el consejo de administración de la Caja de Ahorros Provincial de Valladolid a dos militantes de Alianza Popular, que habían sido cesados por la Diputación Provincial, fundadora de la entidad y ahora con mayoría socialista. Uno de ellos, José A. González Caviades, es el alcalde de Olmedo y a raíz de dicho cese fue sustituido en la presidencia de la caja por Ignacio Cano (PSOE), alcalde de Medina.El contencioso entre AP y PSOE por la presidencia de la caja se remonta a 1983, cuando la diputación nombró cinco consejeros: tres representantes del PSOE y dos de AP. Según fuentes socialistas, antes hubo un compromiso de AP para no ocupar la presidencia. Pero fue elegido presidente José Antonio Caviades, alcalde de Olmedo. AP había considerado el pacto viciado en origen, según ha declarado al comentar la sentencia del Tribunal Supremo. Para el PSOE, hubo ruptura del pacto y, como el acuerdo del pleno de la diputación indicaba que en cualquier momento los nombrados podían ser revocados, la diputación procedió a la revocación de los dos consejeros de AP. Así, González Caviades cesó en la presidencia y fue sustituido por José Ignacio Cano Fuente (PSOE).

Ello originó una serie de acciones judiciales que han culminado ahora con la sentencia del Supremo, según la cual la designación generó unos derechos subjetivos y la diputación no puede revocar sus propios actos declarativos de derechos, pues conculcaría la autonomía institucional de la caja.

Todavía se desconoce si la eventual vuelta de González Caviades al consejo entrañará que recupere la presidencia, informa Gustavo Matías. Pero la nueva ley de órganos rectores de las cajas de ahorro permitirá a la diputación nombrar el próximo verano al 51% de los consejeros, si suma los representantes propios y los de los ayuntamientos. Pese a ser fundadora de la caja, en 1983 sólo controlaba una cuarta parte del consejo; AP desbancó al PSOE de la presidencia con el apoyo de representantes del aparato de la caja.

Con tres centenares de empleados y casi uno de oficinas, la caja ocupa en torno al puesto número 60 entre las entidades de este tercio del sistema financiero. Su situación patrimonial está afectada desde el pasado año por la suspensión de pagos de Muñoz Hermanos, grupo que procede de Íscar y que tiene intereses en los sectores de piensos y cebada.

De los 42.000 millones que maneja la caja, sus recusos propios (reservas y fondo benéfico-social) representan un 3,4%, mientras que en el conjunto de las cajas son el 5,3%. En cambio, sus fondos para insolvencias equivalen al 0,8% de dicho pasivo, frente al 1,5% en todo el sector.