El Grupo Popular estudia recurrir la ley de urbanizaciones ilegales

Carlos Argos, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, declaró ayer en conferencia de prensa que la ley especial para el Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas Ilegales, aprobada el pasado jueves por la Asamblea de Madrid, conculca el ordenamiento jurídico y que su grupo estudiará en el plazo de tres meses si se decide a interponer recurso ante el Tribunal Constitucional contra su contenido."Nosotros no somos partidarios del carácter excepcional de la ley, pues entendemos que hay mecanismos suficientes en el ordenamiento jurídico para acometer el objeto de su intención", afirmó Carlos Argos, "sin tener que recurrir a un sistema más propio de regímenes totalitarios que democráticos". "No deseamos que la ley fracase", añadió, "pero hay aspectos en ella que deberían ser corregidos".

En opinión del Grupo Popular, la ley "vulnera también la autonomía municipal, al hacer que las funciones conferidas a los alcaldes por la legislación en materia de disciplina urbanística pasen a ser absorbidas de hecho por el consejero de Ordenación del Territorio".

La aplicación de esta ley, según ha informado el Gobierno regional, afectará a un total de 137 urbanizaciones y comenzará de inmediato con la regularización de 20 núcleos urbanos.