El Gobierno anuncia en el Senado un aumento sustancial de las penas para traficantes de drogas

El Gobierno anuncio ayer en el Senado su intención de proponer a las Cortes Generales, a través del correspondiente proyecto de ley, un aumento sustancial de las penas para los traficantes de drogas, hasta cuatro y 10 años de prisión para las modalidades delictivas máximas, así como incorporar la adulteración de drogas y la permisividad de los dueños de establecimientos públicos o privados que toleren el tráfico como nuevos supuestos delictivos, con penas máximas y cierres de locales. Asimismo, el Gobierno creará un órgano nuevo, dentro del ministerio fiscal, bajo la dirección del fiscal general y encabezado por un fiscal de sala, que potencie la unidad de acción dentro de la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas a través de la policía judicial.

Desde el tipo de penalización actual de un mes y un día a seis meses, el proyecto gubernamental intentará penalizar desde cuatro meses y un día hasta cuatro años, y desde los seis meses y un día hasta los seis años actualmente vigentes sustituirlos por penas comprendidas entre cuatro años, dos meses y un día hasta 10 años de penalización máxima.En cuanto a los dueños, gerentes o administradores de establecimientos públicos o privados que desarrollen cualquier acción de ayuda o apoyo al consumo o tráfico ilegal de drogas, sufrirán la imposición de las penas inferiores en un grado señaladas anteriormente, siendo posible el cierre definitivo de sus establecimientos o bien por plazos comprendidos entre seis meses y tres años.

Estas medidas fueron anunciadas ayer en el Senado por Fernando Ledesma, ministro de Justicia, y Ernest Lluch, ministro de Sanidad, en el curso del primer debate monográfico del Senado sobre drogas, en el que fue aprobado, sin votos en contra y con la abstención de los 38 senadores del Grupo Popular presentes, un informe senatorial sobre el tráfico y consumo de estupefacientes en España.

Fernando Ledesma mostró la satisfacción del Gobierno con el trabajo realizado por el fiscal especial de la lucha contra la droga, José Jiménez Villarejo, que recientemente pidió que se le asignaran más atribuciones para continuar en su cargo.

En el curso de la sesión plenaria del Senado, Ernest Lluch presentó el plan nacional de lucha contra la droga elaborado por el Gobierno tras el compromiso adquirido por el presidente Felipe González en su discurso sobre el estado de la nación de 1984. Lluch, que reconoció beber limonada y ser no fumador, resaltó la importancia del consumo de drogas legales, alcohol y tabaco, entre la sociedad española y puntualizó que el 41,2% de los españoles adultos se reconoce dependiente del tabaco.

Lluch advirtió "un preocupante" descenso de la edad de inicio al uso del cannabis", que situó en torno a los 15 años, y definió las sustancias inhalantes (pegamento, colas sintéticas y otras) como una auténtica "toxicomanía de la miseria". Anunció el reforzamiento de los efectivos de la Brigada Central de Estupefacientes, que pasará de 378 a 730 miembros.

El Grupo Popular del Senado realizó, a través del senador Enrique Ramón Fajarnés, una defensa global del informe senatorial. Sin embargo, anunció que el Grupo Popular se abstendría, decisión presumiblemente adoptada por las diferencias existentes en el seno de dicha formación parlamentaria. Otro senador popular, Félix López del Hueso, criticó el Plan Nacional elaborado por el Gobierno, y destacó que la reforma del Código Penal auspiciada por el PSOE creó un gran escándalo, por lo que pidió la rectificación gubernamental en materias penales, así como en lo referido a la administración de la metadona, cuyo empleo como terapia curativa alternativa a la heroína calificó de "fracaso completo".Entre las mociones al informe senatorial aprobadas por el pleno del Senado destaca la relativa a la prohibición de publicidad de alcoholes y tabaco en los medios de comunicación.

Más información en la página 22