La 'comisión Flick' propone crear organismos que fiscalicen la contabilidad de los partidos

ANABEL DÍEZ La comisión parlamentaria de investigación de la financiación de los partidos, conocida como comisión Flick, hizo público ayer un informe que prevé la creación de órganos de control para fiscalizar la contabilidad de las organizaciones políticas. El informe propone también que el Estado financie mediante los Presupuestos Generales la actividad de los partidos y ponga límites a las aportaciones que puedan recibir de personas particulares.

La comisión Flick fue creada a finales de 1984 para estudiar si se habían dado en España derivaciones del escándalo descubierto en Alemania Occidental. En aquel país, un ministro y el presidente del Bundestag (Parlamento) dimitieron por su presunta implicación en la concesión de beneficios fiscales al consorcio Flick a cambio de financiación para sus partidos (liberal y democristiano). La comisión Flick estableció que en España, no se habían producido irregularidades, lo que fue ratificado por el Pleno del Congreso.Este nuevo informe de la comisión Flick será revisado dentro de 15 días, para que en diciembre pueda ser debatido en el Pleno y entregado al Gobierno a fin de que lo transforme, con sus aportaciones, en ley.

El presidente de esta comisión, el socialista Leopoldo Torres, aseguró ayer que este informe cuenta en principio con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios, si bien la oposición presentó varias aportaciones complementarias que, en caso de no ser recogidas por voluntad de los socialistas en el informe final, quedarán traducidas en votos particulares que serán defendidos en el Pleno de la Cámara. -

"Sobre regulación de financiación de partidos éstá todo previsto para tiempo de elecciones, pero existe una enorme laguna en lo que se refiere a su vida financiera diaria", dijo Torres para justificar la necesidad de esta futura ley.

El informe prevé la entrega de subvenciones anuales a los partidos políticos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, destinadas a la financiación de su actividad general. Esta ayuda será incompatible con cualquier otra que tenga como fuente el presupuesto estatal, aunque se establecen algunas excepciones.

Así, se señalan las lógicas partidas que se ofrecen a los grupos parlamentarios y las relativas a la legislación electoral (la asignación que se otorga a cada partido por escaños y número de votos obtenidos en las elecciones).

El informe señala que "las subvenciones deben ser suficientes para cubrir los gastos mínimos de funcionamiento de los partidos políticos y de sus responsabilidades constitucionales".

Con carácter general, este informe se refiere reiteradamente a un tope que han de tener las aportaciones de carácter privado a los partidos, aunque posterga fijar cifras concretas, por considerarlo una capacidad netamente del Gobierno.

Empresas y Administración

Los mecanismos globales que apunta el texto para regular la financiación privada de los partidos son los siguientes: publicidad de las contribuciones, en especial "las que superen cierto importe"; regulación de las donaciones que provengan de personas jurídicas, con la determinación de un tope máximo en esas aportaciones. Por último, se prohibe cualquier contríbución financiera de empresas que, mediante contrato, prestan servicios o realizan suministros u obras para algunas de las Administraciones públicas.

Un último apartado de este informe establece la forma de control de las finanzas de los partidos. El dictamen aconseja que la futura ley regule la forma y los requisitos a los que ha de ajustarse la contabilidad de los partidos políticos, con la obligatoriedad de que cada uno de ellos cuente con registros contables detallados.

El texto insta al Ejecutivo a que fije el procedimiento según el cual el Estado pueda controlar con rigor que los partidos cumplen todos los límites de prohibición que se establecen en ésta legislación.