El congreso de empresarios

EL I Congreso Nacional de Empresarios ha terminado mejor de lo que esperaban quienes aún no han olvidado el mitin de afirmación empresarial celebrado a comienzos de la transición, cuando una Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) apenas constituida buscaba su reconocimiento como actor social. Buena parte de las conclusiones de este primer congreso reflejan la preocupación del mundo empresarial por nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE). Los empresarios reprochan implícitamente al Gobierno la escasa preparación de este acontecimiento: la mayor parte de las empresas no conoce aún con detalle lo que se ha firmado, no se han traducido al castellano las normas que se aplicarán a partir del día 1 de enero de 1986 y tampoco se ha elaborado una estrategia de integración diferenciada para aquellos sectores que, por estar más protegidos, son más vulnerables al aumento de la competencia que se avecina. En este contexto, las conclusiones del congreso pueden calificarse de moderadas y reflejan la influencia de su presidente, José María Cuevas, un hombre pragmático que ha sido capaz de asentar firmemente su liderazgo en su primer año al frente de la organización.Las conclusiones del congreso serán enviadas al Gobierno, que se ha comprometido a estudiarlas con ánimo de llegar a acuerdos que faciliten el ingreso en la CEE. Algunas de ellas no plantearán problemas, pero otras, en especial la flexibilización de las relaciones laborales, provocarán un áspero debate si ambas partes continúan encastilladas en las posiciones que han venido defendiendo desde la firma del Acuerdo Económico y Social (AES). El Gobierno se comprometió entonces a adaptar y armonizar la legislación interna española en materia laboral al acervo comunitario, y en especial a la directiva de 17 de febrero de 1975, que contempla las regulaciones de empleo colectivas. La Administración, formando en este punto bloque con los sindicatos, ha esgrimido la existencia de una cláusula en dicha directiva por la que se admite la vigencia de los ordenamientos nacionales cuando éstos son más favorables para el trabajador.

Otras peticiones provocarán menos oposición, aunque serán difíciles de llevar a la práctica. Tal es el caso de la reducción del déficit público o la congelación de plantillas en la Administración. Del último trimestre de 1982 al segundo de este año, el número de asalariados en el sector público aumentó en unas 150.000 personas, cifra bastante considerable si se la compara con el esfuerzo de ajuste llevado a cabo por el sector privado en el mismo plazo. Otras reivindicaciones, por último, carecen de sentido. Tal es el caso de la peticíón de mejora del excedente empresarial -beneficio de las empresas- mediante la contención de costes. Se trata de un problema fundamental pero que afecta principalmente a empresarios y trabajadores y sólo secundariamente al Gobierno. En cualquier caso, la evolución de los beneficios empresariales es la resultante de una serie de acciones y decisiones cuyo marco privilegiado no debe ser otro que el de los acuerdos sociales. Y si de algo adolecen este tipo de acuerdos en España es de un excesivo protagonismo del Estado. En conjunto, las conclusiones del primer congreso de empresarios merecen ser consideradas con atención y con el pragmatismo que los propios empresarios han demostrado. El camino recorrido desde 1977 ha sido largo y a veces accidentado. Pero ha llevado a la consolidación de una organización que, con sus virtudes y defectos, representa legítimamente la voz del empresariado español.