Tras las manifestaciones

DECENAS DE miles de personas se manifestaron el pasado domingo en diversas ciudades españolas para exigir la celebración del referéndum sobre la pertenencia de España a la OTAN, prometido por los socialistas en su programa electoral, y para propugnar la salida de nuestro país de la Alianza Atlántica. Hace aproximadamente cuatro años, Felipe González y otros dirigentes del PSOE encabezaron manifestaciones, también masivas, para disuadir al Gobierno de Calvo Sotelo del ingreso de España en la OTAN, sin que apenas nadie dudase de la sinceridad, la buena fe y el patriotismo de los organizadores de esas concentraciones. No es procedente realizar ahora una descalificación -basada en oscuros juicios de intenciones sobre sus móviles- de quienes desfilaron anteayer por las calles españolas. Las concepciones conspirativas de la historia pueden despachar alegremente las manifestaciones del pasado domingo con interpretaciones paranoicas sobre los agentes extranjeros o el oro de Moscú. Pero nadie puede negar la confluencia en el rechazo de la OTAN de grupos y partidos de muy diversa ideología. .La doctrina según la cual la sociedad de un país democrático no tendría ni legitimidad ni aptitud para pronunciarse sobre cuestiones de política exterior descansa sobre una falta de confianza en la madurez política y la capacidad de discernimiento de los ciudadanos. Si se acepta ese peligroso supuesto, los enemigos de la democracia podrían llevar el razonamiento hasta sus últimas consecuencias lógicas y extraer la conclusión de que todos los asuntos del Estado deberían ser conocidos y resueltos exclusivamente por una minoría autodesignada de sabios dictadores. El Gobierno de Felipe González no parece compartir esos humillantes recelos hacia la sociedad española, cuya madurez para refrendar la Constitución de 1978 y diferentes estatutos de autonomía puede extenderse sin dificultades insalvables a los compromisos de nuestra política exterior. Otra cosa es que el Gobierno evalúe sus riesgos políticos en la convocatoria del referéndum.

La Constitución de 1978 estableció un diseño de Estado fundamentado en las instituciones representativas, capaz de conciliar la autenticidad del mandato popular con la eficacia exigida para la administración de la sociedad. La pretensión de declarar inconciliables la democracia representativa, que otorga al Parlamento la capacidad de decidir en nombre de todos los ciudadanos, y la directa, basada en consultas periódicas al cuerpo electoral sobre cuestiones concretas, descansa sobre una falacia y carece de sentido en e¡ ordenamiento jurídico español. Nuestra norma fundamental articula, de forma complementaria a las elecciones periódicas de diputados y senadores, espacios excepcionales en nuestro sistema político para la democracia directa mediante consultas a los ciudadanos sobre cuestiones determinadas. Los supuestos preceptivos (necesarios para la aprobación de algunos estatutos de autonomía y para la reforma de la Constitución) y los casos discrecionales de referéndum fueron objeto de una detallada regulación por la ley orgánica de 18 de enero de 1980.

Las opciones a favor o en contra de la permanencia o de la salida de España de la OTAN poseen idéntica carta de ciudadanía. Felipe González y los dirigentes socialistas tienen derecho a revisar sus anteriores posiciones sobre la Alianza Atlántica. Cualificados miembros del Gobierno han declarado que el problema de la OTAN es, ante todo, una cuestión de información. Sin duda el cambio de criterio de los socialistas sobre la Alianza Atlántica refleje los nuevos datos a los que han tenido acceso a lo largo de estos tres años de poder. Pero ese sustancial viraje -reconocido por el presidente hace escasos días- no ha sido suficientemente explicado a la sociedad española, en especial a quienes votaron en octubre de 1982 a los socialistas con el convencimiento de que su triunfo electoral implicaría el abandono de la OTAN. La resolución de Felipe González de mantener "el compromiso contraído por el PSOE de convocar un referéndum para que sea el pueblo español el que decida acerca de nuestra pertenencia a la OTAN" debe ser interpretada no sólo como el pago de una deuda con sus electores, sino, sobre todo, como un emplazamiento a los dirigentes socialistas para que se lancen a la tarea de explicar a sus bases las razones de ese cambio. Si España siguiese en la Alianza Atlántica con una opinión pública mayoritariamente en contra, el consenso alcanzado en el Parlamento distanciaría a los representantes de sus representados y abriría una brecha en la confianza del electorado en las instituciones de la democracia representativa.

Por lo demás, es imposible que el Gobierno no saque conclusiones de las manifestaciones del domingo o menosprecie el significado de las mismas. Manifestarse no es lo mismo que votar, y puede estar llena de gente la calle y las urnas repletas de votos con un significado diferente. De todas maneras, el PSOE no puede desconocer que un alto porcentaje de los cientos de miles de ciudadanos que se manifestaron en las ciudades españolas hace dos días por la salida de la OTAN fue probablemente votante de los socialistas en las últimas elecciones legislativas. La cuestión de la OTAN amenaza con romper las bases del partido y quebrar las de sus electores.