Polémica entre una cooperativa de viviendas y Gerencia de Urbanismo
La Cooperativa de Viviendas de Economistas, Covide, acusa a la Gerencia Municipal de Urbanismo "de impedir por todos los medios que esta entidad cumpla sus fines sociales de construcción de viviendas para sus asociados". Un miembro del consejo rector de Covide informó que, después de comprar en 1973 dos solares contiguos en la zona de Peña Grande, muy próxima a la avenida de la Ilustración, destinados a la construcción de 72 viviendas, y pese a tener el proyecto visado por el Colegio de Arquitectos, no obtuvieron la licencia de construcción.El anterior presidente de la cooperativa, "mediante engaños", según la directiva actual, "y sin el consentimiento de los socios ni de la junta rectora, cedió el patrimonio de la cooperativa a la empresa Lusa por 50 millones de pesetas. Lusa a su vez cedió los derechos de Covide a otra empresa. En 1984 se expidió certificación a la Gerencia de Urbanismo para que subrogara las parcelas de Covide a favor de las sociedades Zafiro, Topacio y Royalsa". Ante tales hechos, la junta general pidió la dimisión del presidente y del secretario, y acordó dejar sin efecto la subrogación. "Pese a que se habían vendido los terrenos sin el consentimiento preceptivo de los socios,, Gerencia aceptó la subrogación", explica un miembro del consejo rector.
Los cooperativistas emprenden acciones legales en la defensa de sus derechos y presentan recurso de reposición, que no es aceptado por Gerencia de Urbanismo. A finales de febrero de 1985 los cooperativistas interponen recurso contencioso administrativo y una querella criminal contra el presidente y el secretario anteriores. El juzgado número 28 ordenó el pasado 4 de junio paralizar la cesión de los terrenos, pero luego levantó la orden por entender que se trataba de un procedimiento civil. Los cooperativistas han recurrido ante la Audiencia Nacional.
La situación actual es que la sociedad que recibió los terrenos ha iniciado obras en las parcelas que habían comprado los cooperativistas de Covide, que no han recobrado su inversión. Los cooperativistas temen que cuando se resuelva judicialmente el litigio las viviendas estén ya construidas y habitadas. EL PAÍS no localizó ayer domingo a las dos personas acusadas en la querella.
