La expropiación de Rumasa costará 550.000 millones de pesetas de 1984

El coste real de la expropiación de Rumasa será de 450.000 millones; o de 550.000 millones de pesetas de 1984, empezados a pagar claramente en los Presupuestos del Estado para 1986. Una u otra cantidad resultará de si se descuentan o no los casi 100.000 millones de pesetas en impuestos y cotizaciones sociales que el grupo fundado por Ruiz Mateos ha pagado al fisco desde el 23 de febrero de 1983. Las cuentas fueron explicadas ayer ante una comisión del Congreso por el ex director general del Patrimonio del Estado, Javier Moral.

Aun en el primer caso -el más favorable-, cada español deberá pagar unas 12.000 pesetas o cada familia más de 40.000. Para la oposición conservadora, el coste alcanzará al billón de pesetas.De la intervención de Javier Moral, director general del Patrimonio del Estado desde meses antes de la expropiación hasta el verano pasado, se desprende que las fórmulas más sencillas para calcular el coste final llevan a la misma conclusión: unos 550.000 millones de pesetas. Pero advirtió que, gracias a la decisión del Gobierno, las empresas expropiadas han pagado al fisco y a la Seguridad Social entre 75.000 y 100.000 millones de pesetas, que en otro caso quizá se habrían perdido.

En respuesta a decenas de preguntas formuladas ante la Comisión de Presupuestos del Congreso por los diputados conservadores Rodrigo Rato y Luis Ramallo, Moral expuso, que una manera aproximada de conocer el coste consiste en sumar a los 440.000 millones de deuda estatal emitida para cubrir el déficit y las pérdidas de Rumasa hasta mediados del año pasado, los 100.000 millones debidos en la actualidad al Banco de España, a través de Ex-Bank. La otra forma, "más real", sería actualizar los valores de todas las financiaciones dadas (la citada deuda y además 440.000 millones de pesetas en créditos iniciales del Banco de España), para luego calcular la subvención implícita de intereses, operación compleja que.arroja también un coste final próximo a los 550.000 millones de pesetas de primero de julio de 1984.

El Grupo Popular, que en recientes interpelaciones aventuró ya un coste cercano al billón de pesetas, insistió ayer en que de las explicaciones recibidas se deducen al menos 600.000 millones. Pero agregó que, según los papeles rendidos a la Administración por Moral antes de abandonar su cargo, se desprender. 800.000 millones.

Gestión pública

Tras comparar ambas cifras con los 160.000 millones de déficit. patrimonial atribuido por el Gobierno a Rumasa el 1 de marzo de 1983 y con los 250.000 millones estimados meses después por la auditoría de Arthur Andersen, la oposición afirmó que la gestión pública ha supuesto mayor riesgo para el sistema financiero que el haberse limitado a intervenir o dejar el asunto en manos de "cualquier" empresario.

Javier Moral se esforzó en dar a entender que siempre se han cumplido los fines dela expropiación y que la reprivatización ha seguido cauces escrupulosos. Aseguró que han cobrado todos los depositantes, han recibido el justiprecio todos los accionistas privados, excepto los de Galerías Preciados -quienes han mostrado su desacuerdo con el mismo-, han conservado el empleo "si no los 45.000 trabajadores, al menos los 42. 100" ajenos a jubilaciones no amortizadas o bajas voluntarias, y se salvaguardó la estabilidad-del sistema financiero, "porque el pasivo de Rumasa superaba el billón de pesetas, y si hubiese quebrado, el sistema no habría resistido".

No obstante, a la pregunta de si conocía el consejo del Tribunal de Cuentas sobre la necesidad de reprivatizar por concurso público, frente a la vía de la adjudicación directa elegida en todos los casos, respondió: "No conozco el dictamen".

La venta de Loewe al grupo de mayoría española Urbois-Spínola, que tuvo hasta el final la competencia del extranjero Jaeger, fue objeto de una docena larga de preguntas relacionadas con la presunción de que en la elección pesó la figura de Miguel Boyer y su amistad con Isabel Preysler, aunque nunca los interpelantes llegaron a citar ese nombre. El ex director general de Patrimonio afrontó, tajante, dichas connotaciones: "El ministro no conocía a Luis Urbois ni yo conocía a la señora Preysler".

Sí admitió Del Moral que la venta de Loewe ha sido la única en la que el Ejecutivo se apartó de lo propuesto por la comisión reprivatizadora.