La joven encarcelada por error dice que está dispuesta a todo para ser indemnizada
Patricia Bartolomé Allué, de 19 años y natural de Huesca -la joven que reclama al Ministerio de Justicia una indemnización de 20 millones de pe setas por los daños y perjuicios derivados de haber permanecido en la cárcel más de un mes, acusada de un atraco a mano armada en el que no participó-, asegura que está "dispuesta a todo" hasta conseguir que se repare el mal causado. "Si hace falta recurriremos por la vía contencioso-administrativa. Lo conseguiré, aunque tenga que ir a ver al ministro Ledesma".
Patricia asegura que no desea hacer daño a nadie, "ni al juez ni al fiscal. Sólo reivindico mis derechos. Sé que nadie va a devolverme un mes de mi vida, porque me lo han robado, pero sí me pueden ayudar. Me conformo con que casos como el mío no se repitan". Su madre asiente a sus palabras y dice: "Lo que nos han hecho, lo que hemos tenido que pasar no se paga ni con 20 ni con 40 millones de pesetas. No se pagá con nada".Patricia estudia algunas asignaturas que le han quedado de COU cuando termina el trabajo provisional que tiene ahora, rellenar fichas en una biblioteca. Luego estudiará idiomas, y "si tuviera dinero me gustaría hacer Derecho". Vive con su madre y dos de sus tres hermanos en la ermita del Cristo de los Mártires, donde su madre es la santera desde hace 23 años. Sentada en torno a una mesa camilla, recuerda aquel 13 de septiembre de 1984 en que fue detenida por efectivos policiales de la comisaría de Huesca. "Subíamos por la cuesta en coche, conducía yo, y nos paró la policía. Como no tengo carné, dije: ya me han pillado. Nos dijeron que les acompañáramos a la comisaría". Ignoraban de qué se trataba. Aquel día fueron detenidos, además de Patricia, su padre, Juan Bartolomé, su hermano Daniel y un amigo. Permanecieron en comisaría dos días, en los que "se comenzó a hablar de que se había cometido un atraco". Se efectuó una rueda de identificación de presos y el juez de instrución de Fraga dictó auto de procesamiento contra los cuatro el 22 de septiembre. "Ante la duda, adentro", es la frase que oyeron aquellos días y ahora repiten la madre y la hija.
Patricia dice que en la rueda de identificación la colocaron junto a otra mujer "alta y morena", cuando al parecer buscaban "una rubia y baja". Pese a manifestar que el día que se cometió el atraco en una oficina bancaria en Fraga, de donde se llevaron dos millones de pesetas, estaba en casa y podía presentar testigos, se decretó su ingreso en prisión. Permaneció privada de libertad desde el 13 de septiembre hasta el 8 de octubre; cinco días los pasó en la cárcel de Huesca y el resto en la de Zaragoza. "Pueden imaginarse cómo me sentí. Si ya de por sí es duro estar encarcelada, aún lo es más sabiendo que eres inocente".
Fuera, la madre comenzó a moverse y consiguió que sacaran a sus dos hijos; los otros dos encartados, su ex marido y un amigo de sus hijos, permanecieron en la cárcel más de cuatro meses. A los cuatro se les reclamó un total de cuatro millones de pesetas por responsabilidad civil. Patricia y su hermano salieron y continuó el calvario: murmuraciones, problemas laborales -el chico acababa de entrar a trabajar como pinche en un bar cuando lo detuvieron y ahora está fuera de Huesca- y sociales. "El barrio es comprensivo, es un barrio obrero y saben la vida que llevamos. Pero hubo gente que nos negó la palabra". Con todo, el mayor daño que sufrió Patricia -fue "psicológico y moral". Necesitó tratamiento médico por el estrés que sufría.
El 24 de abril de 1985, el juez de instrucción de Fraga levantó el auto de procesamiento con todos los pronunciamientos favorables para los cuatro detenidos. Días antes habían sido detenidas en Valencia cuatro personas que se confesaron autores del atraco de Fraga.
Una vez sobreseído el procedimiento, decidieron dirigirse al Ministerio de Justicia. La reclamación se basa en el artículo 121 de la Constitución, que establece la indemnización por daños causados por error judicial o como consecuencia del funcionamiento anormal de la justicia, y en la ley orgánica del Poder Judicial, cuyos artículos 292 a 297 regulan la responsabilidad estatal por el funcionamiento de la justicia.
