El Supremo estudia los recursos de cinco guardias civiles condenados por tortura

La Sala Segunda del Tribunal Supremo estudió ayer los recursos de casación presentados por cinco guardias civiles que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Gerona a 32 penas de dos meses de arresto mayor y cuatro meses de suspensión por delitos de tortura y malos tratos.

Los guardias civiles, el teniente José Velasco Ciudad, de 33 años; el cabo primero Juan Martín Pozuelo, de 31; el cabo Constantino Simón Aparicio, de 32, y los números Francisco Aguilera Ruiz, de 35, y José Pérez Casamayor, de 32, fueron denunciados en su día por cuatro pescadores de Blanes que fueron detenidos en noviembre de 1982 para ser interrogados sobre la distribución de parte de un alijo de hachís que el barco Montse III había pescado accidentalmente.

Según la sentencia de la Audiencia de Gerona, los guardias golpearon repetidamente e infligieron torturas a los pescadores para que dijeran lo que supieran del alijo de droga. El teniente Velasco fue condenado porque tuvo conocimiento de los hechos, alguno de los cuales presenció y no hizo nada por evitarlo.

El defensor de los guardias afirmó que no existían de pruebas de delito en el sumario, y que a los guardias había que aplicarles la presunción de inocencia. Dijo que los condenados lo habían sido por hechos de los que no se les había acusado y agregó que al condenarles a penas de suspensión se les condena al hambre, en contra del derecho al trabajo reconocido en la Constitución.

El fiscal impugnó todos los motivos de casación, al igual que la acusación privada, y admitió parcialmente uno de los motivos, pero que no afectaba a la pena impuesta a los condenados. Fiscal y acusador sostuvieron que hay pruebas suficientes de las torturas inferidas.