La gestión de la crisis bancaria

EL GRUPO Popular se retiró hace unos días de la comisión mixta Congreso-Senado ante la negativa de la misma a auditar la reprivatización de Rumasa y ante el retraso de la auditoría del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Las discutidas peripecias de ambos temas son significativas de la historia económica reciente de nuestro país, por lo que parece sensato que no queden dudas sobre la actuación del Ejecutivo en el primer caso y de los gestores del Fondo en el segundo.El informe provisional elaborado por los inspectores del Tribunal de Cuentas sobre la auditoría del FGD plantea bastantes dudas sobre la dinámica cotidiana del organismo en los cuatro años fiscalizados. Hay que partir del hecho de que el informe es provisional, que a él hay que incorporar las alegaciones que el propio Fondo debe hacer sobre el resultado de la fiscalización y que, probablemente, habrá un segundo texto antes de que la auditoría final llegue al Congreso de los Diputados. El informe presenta algunos hechos objetivos que confirman que la crisis financiera padecida por España en la transición política ha sido una de las más graves de Occidente: 51 bancos de los 110 que existían a finales de 1977 han tenido que ser tratados quirúrgicamente para evitar el pánico financiero. El 20% del total de los depósitos y 3,5 millones de personas, titulares de esos depósitos, estaban implicados. Como media, cada dos meses y medio, las instituciones han tenido que intervenir en un nuevo caso de heterodoxia financiera.

Sin cuantificar el coste de tolerancia en la exigencia de cumplir los coeficientes exigidos por el Banco de España, el proceso de saneamiento de bancos en crisis ha costado 1,2 billones de pesetas. Una cifra semejante (aunque absolutamente heterogénea y nada homologable) a la del déficit público, lo que da idea de la magnitud de un crack que, sin intervención, hubiera arrastrado posiblemente al mismo sistema político español.

Una vez establecida esta idea, el informe del Tribunal de Cuentas plantea un grupo de interrogantes que sí necesita explicación. Por ejemplo, la falta de información de las memorias del FGD -que, según los auditores, no cumple los requisitos exigidos en la ley de Sociedades Anónimas- acerca de las ayudas concedidas a los bancos en crisis, a los préstamos concedidos o a las compras de activos efectuadas. Efectivamente, algunas de las conclusiones a que llegan los fiscalizadores del Tribunal de Cuentas indican la existencia de actas que no reflejan exactamente las cifras de la realidad contable o la existencia también de discrepancias entre la verdadera situación patrimonial del Fondo y la representación de dicho balance. Por añadidura, entre otras irregularidades, se muestran las sospechas que suscita la falta de cartas de invitación a los concursos de adjudicación de algunos bancos subastados.

Ante esta situación será ahora de sumo interés conocer las alegaciones que los gestores del FGD hayan hecho a este informe preliminar. El pasado miércoles finalizó el plazo para presentar tales alegaciones, que prometían ser de un volumen casi igual al mismo informe del Tribunal de Cuentas. Falta con todo conocer el momento en el que la auditoría completa llegará al Congreso de los Diputados. Lugar donde, mediante la discusión parlamentaria, deberá despejarse el proceso por el cual, mediante la absorción de entidades pequeñas o en apuros por los grandes grupos financieros, se ha llegado a una concentración, bancaria sin precedentes.