Buron estudia posibles delitos en la anómala ejecución de la sentencia del 'caso Almería'

El fiscal general del Estado, Luis Anitonio Burón, recibió ayer una coimunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las anomalías en la ejecución de la sentencia del caso Almería y estudia el inicio de posibles acciones penales. Según la información precedente de la Audiencia Provincial de Almería, los tres guardias civiles condenados por el triple homicidio no cumplen sus penas en cárceles ordinarias por falta de una orden del ministro de Defensa sobre la situación militar de los condenados, hecho conocido por el director general de la Guardia Civil, teniente general José Antonio Sáenz de Santamaría, desde agosto de 1983.Un portavoz del Ministerio de Defensa aseguró a este periódico que el tribunal sentenciador no se dirigió en ningún momento al Ministerio de Defensa y que la Dirección General de la Guardia Civil sólo comunicó al citado departamento, a principio del actual mes de octubre, el contenido de la última providencia recibida, la de 20 de septiembre de 1983. El mismo portavoz anunció que, tras los asesoramientos pedidos, en una semana se solucionará el problema. Mientras tanto, un portavoz de la Dirección General de la Guardia Civil manifestó que sobre este tema es Defensa quien tiene que contestar, porque "ellos tienen las claves".

En cuanto a las acciones pena les que estudia el fiscal general del Estado, fuentes jurídicas consideraron verosímil una acusación al ministro de Defensa, Narcís Serra, o al director general de la Guardia Civil, teniente general Sáenz de Santamaría, por el presunto delito de desobediencia o denegación de auxilio a la justicia, o, en otro caso, contra la Audiencia Provincial de Almería, por no haber seguido los cauces más eficaces para cumplir con su obligación de."hacer ejecutar lo juzgado".

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