Sainz de Robles resalta la indefinición de Defensa sobre la sentencia del 'caso Almería'

Federico Carlos Sainz de Robles, que ayer compareció por última vez ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) saliente, reconoció que el Consejo no logró erradicar las corruptelas en la justicia. Sobre la ejecución de la sentencia del caso Almería, denunció la indefinición del ministro de Defensa sobre la situación militar de los guardias civiles condenados, lo que ha impedido su ingreso en prisiones ordinarias, y afirmó que el Consejo lo comunicó al fiscal, "por las posibles responsabilidades penales existentes".

La pregunta sobre el caso Almería, en el que fue condenado un teniente coronel de la Guardia Civil, un teniente y un guardia por el triple homicidio del que fueron víctimas tres jóvenes, fue planteada por el comunista Fernando Pérez Royo. Se trató de una de las pocas cuestiones críticas que se suscitaron en las casi tres horas de sesión. No asistió el todavía presidente de la comisión, el socialista Pablo Castellano -uno de los vocales electos para el nuevo CGPJ-.Sobre el caso Almería, el comunista Pérez Royo manifestó que "cuando se producen irregularidades palmarias en la ejecución de una sentencia, existe responsabilidad por parte del CGPJ, al que corresponde exigir a los órganos jurisdiccionales el cumplimiento de su actividad".

Situación militar

Sainz de Robles contestó que el Consejo ya conocía la anomalía en la ejecución de esta sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, confirmada por el Tribunal Supremo en mayo de 1983, consistente en no haber establecido la situación militar de los condenados, determinante para el lugar de cumplimiento de la pena. Señaló que, según sus noticias, uno de los guardias civiles condenados está fuera incluso de cualquier institución penitenciaria militar. Aunque no lo nombró, se refería al guardia Manuel Fernández Llamas, quien se encuentra, al parecer, en la Academia de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid).-

El presidente del CGPJ recordó que "el ministro de Defensa río se ha definido en cuanto a la situación militar de los condenados". Explicó que, aunque la Audiencia Provincial estableció la pena accesoria de separación del servicio de los guardias civiles condenados, se requiere la aplicación por parte de Defensa de ese extremo concreto de la sentencia para que los condenados pasen a prisiones ordinarias. Sainz de Robles aseguró que "el Consejo ha dado cuenta al ministerio fiscal de estas anomalías, por las posibles' responsabilidades penales".