Un senador comunista interpela al Gobierno, y Defensa solicita el texto de la sentencia

La Audiencia Provincial de Almería recibió ayer un telegrama del Ministerio de Defensa donde le solicita una copia de la sentencia sobre el caso Almería, según informa nuestro corresponsal, Antonio Torres. Tal solicitud, que se produce más de tres años después de que la sentencia fuera dictada, coincide con la presentación de una interpelación al Gobierno por parte del senador comunista Rafael Fernández-Piñar, en la que pregunta las razones por las que ninguno de los tres guardias civiles condenados por el triple homicidio ha ingresado en prisiones ordinarias, en contra del contenido de la sentencia y de lo que establece el propio Código de Justicia Militar.Fernández-Piñar hace una serie de preguntas al Gobierno, comenzando por ésta: "¿En qué fechas se ha producido la baja administrativa como miembros de la Guardia Civil de cada uno de los tres condenados; y, si no se ha producido, por qué y quiénes son las personas o cargos responsables?". Igualmente, se interesa por la situación personal de cada uno de los condenados en el caso Almería desde el día en que la Audiencia Provincial dictó sentencia condenatoria, los centros donde fueron recluidos, "con especificación de establecimientos y fechas y períodos en que han estado en los mismos", así como dónde se encuentran en la actualidad y cuál es el régimen personal a que están sometidos".

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El senador comunista pregunta asimismo por las razones de que -ninguno de los tres guardias civiles ingresase en prisiones ordinarias, y pide la identidad de los responsables de este incumplimiento de la ley. Otra de las preguntas que constituyen la interpelación está formulada así: "¿Cree el Gobierno que en la ejecución de la sentencia se están respetando los principios constitucionales de legalidad e igualdad ante la ley de los españoles y, en caso negativo, cómo se explica la pasividad del Gobierno, y más concretamente de los Ministerios de Justicia e Interior, ante ello?".

"Sorprendentes privilegios"

La interpelación inquiere también sobre los "sorprendentes privilegios" disfrutados por los tres condenados y denuncia las hipotecas que pesan sobre la Dirección General de la Guardia Civil, la administración de Justicia y el Gobierno, "que impiden", dice, "que se haga justicia y se cumpla la ley". Finalmente, pregunta: "¿Qué razones hay para que toda la Guardia Civil y la administración de Justicia tengan que sufrir el desprestigio ante el pueblo español que la situación conlleva?".Por su parte, el abogado de la acusación particular, Darío Fernández Álvarez, que ha solicitado reiteradamente la ejecución de la sentencia -en nombre de los familiares de las tres víctimas-, comentó: "Es un descarado privilegio el que estén los tres condenados como en colegios mayores. Hay que plantearse", añadió, "si tenemos jueces independientes para aplicar la sentencia o si el poder ejecutivo está de alguna forma presionando para que estos señores obtengan la excarcelación; desde luego esto constituye un caso único en España y es una ofensa para el pueblo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 14 de octubre de 1985.

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