La esposa del principal responsable del 'caso Almería' pide que sea indultado por sus "largos servicios a la patria"

El Ministerio de Justicia tramita una solicitud de indulto a favor del teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Castillo Quero, condenado a 24 años de cárcel como autor, junto con otros dos miembros del mismo cuerpo, de un triple delito de homicidio en el denominado caso Almería. La esposa del teniente coronel Castillo Quero alega, para la petición del indulto, "los largos servicios prestados a la patria" por el condenado. Mientras tanto, los tres guardias civiles cumplen sus condenas en establecimientos militares, a pesar de que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería implicaba su cumplimiento en prisiones ordinarias.

El subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, confirmó a EL PAÍS que se está tramitando el indulto, pero declinó hacer cualquier vaticinio sobre la probabilidad de que sea concedido por el Gobierno. "No comment", dijo. La petición de indulto ha llegado al Ministerio de Justicia sin la conformidad de los familiares de las víctimas, algunos de los cuales (en concreto, Dolores Cobo, hermana de Luis Manuel Cobo Mier, y Socorro Montero, hermana de Luis Montero García) han manifestado su indignación ante la solicitud de gracia para el principal responsable de la muerte de sus hermanos.La tramitación del indulto sigue su curso y será el Consejo de Ministros el que decida sobre la materia. Según el subsecretario de Justicia, previamente a que el titular del departamento, Fernando Ledesma, eleve al Gobierno el expediente de indulto, deberán informar sobre el mismo, como es preceptivo, la Audiencia Provincial de Almería, el ministerio fiscal y el centro penitenciario donde se encuentra cumpliendo la condena.

El 30 de julio de 1982 la Audiencia Provincial de Almería condenó al teniente coronel Castillo Quero, al teniente ayudante Manuel Gómez Torres y al guardia Manuel Fernández Llamas, todos ellos pertenecientes a la Benemérita, como autores de tres delitos de homicidio en las personas de los jóvenes Luis Manuel Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales. Los hechos se produjeron el día 10 de mayo de 1981, en la carretera de Gérgal (Almería), cuando los tres jóvenes -que en un principio los guardias civiles consideraron miembros de ETA pero que, en realidad, eran trabajadores que iban a asistir a una primera comunión- eran trasladados a Madrid.

Castillo Quero fue condenado a 24 años de cárcel, Gómez Torres a 15 y Fernández Llamas a 12. La sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo el 16 de mayo de 1983, impuso además a los tres militares la separación definitiva del servicio y, en consecuencia, el cumplimiento de sus respectivas condenas en cárceles ordinarias. El artículo 244 del Código de Justicia Militar así lo establece.

"Agravios comparativos"

Sin embargo, tres años después de dictada, la sentencia continua sin ejecutarse plenamente. En noviembre de 1983, tras no ser admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el recurso de amparo presentado por los tres condenados, la sentencia adquirió plena firmeza. A partir de aquel momento, tanto el ministerio fiscal como la acusación particular solicitaron reiteradamente al tribunal sentenciador que se hiciera efectivo el cumplimiento de la condena en cárceles ordinarias. La Dirección General de la Guardia Civil estimó, en cambio, que el cumplimiento de la condena en centros penitenciarios civiles crearía ,"agravios comparativos" con otros militares que, habiendo sido condenados por casos similares, cumplían condena en centros no civiles.El hecho es que la plena ejecución de la sentencia sigue en suspenso. En junio de 1984, un vocal de la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial planteó la procedencia de iniciar diligencias informativas por la posible negligencia de la Audiencia Provincial de Almería, pero el presidente del Consejo, Federico Carlos Sainz de Robles, estimó que tal iniciativa significaría una intromisión en el ámbito jurisdiccional de los tribunales, excluido de la potestad disciplinaria atribuida al órgano de gobierno del poder judicial.

La Audiencia Provincial de Almería dirigió un exhorto al Ministerio de Defensa en relación con la separación del servicio de los guardias civiles condenados por el caso Almería.

El director general de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa, Lluís Reverter, informó ayer a este periódico que, en cumplimiento del mencionado exhorto, Defensa "ha solicitado un informe a la asesoría jurídica del Ministerio y otro al Consejo Supremo de Justicia Militar".

Efectos militares de las penas

Reverter aseguró que a este último órgano corresponde "establecer los efectos militares de las penas impuestas por los tribunales de la jurisdicción ordinaria". Una vez que Defensa tenga en su poder ambos informes, "estará en disposición para contestar a la Audiencia de Almería", añadió.Mientras tanto, ninguno de los tres ex guardias civiles cumple sus respectivas condenas en cárceles ordinarias. El teniente coronel Castillo Quero estuvo inicialmente en la residencia de la comandancia de la Guardia Civil de Almería -de la que había sido jefe-, después en la comandancia de Córdoba y, más tarde, en la prisión militar del castillo de Santa Catalina, en Cádiz. En esta misma prisión ha permanecido el teniente Gómez Torres. Por último, el guardia Fernández Llamas ha estado en el cuartel de la Guardia Civil de Cabo de Gata, la comandancia de la Guardia Civil de Almería, la prisión militar de Alcalá de henares y la Academia de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Almería).