La tentación radical de Pujol

EL DEBATE anual sobre política general celebrado a lo largo de esta semana en el Parlament catalán ha puesto en evidencia una vez más las dificultades de encaje de la autonomía catalana en la España democrática y la necesidad de una normalización política que termine con el peligro de una confrontación creciente con el Gobierno del Estado. Estas cuestiones han sido patentes en algunos momentos del debate, cuando la presión parecía inclinar al Parlament -principal institución del autogobierno- a convocar una guerra santa contra el supuesto neocentralismo que inspira al Gobierno socialista.Las tentaciones inmediatas fueron finalmente frenadas, pero el acercamiento, cuando menos verbal, del presidente Pujol a las posiciones del nacionalismo más enconado, con amenazas de recurrir a movilizaciones populares y levantar la bandera de un estatuto de autonomía más radical, señalan la difícil articulación del proceso autonómico. Entorpecida en este caso tanto por la prepotencia que proyecta el Gobierno socialista como por la exasperación partidista que practica el Gobierno autonómico.

La hegemonía política de Convergència i Unió en Cataluña y su poderosa implantación en la sociedad civil catalana han permitido a Pujol vindicar ante el Gobierno central la llamada autonomía real. Cuestión que le ha venido procurando no pocas ventajas populistas y ha contribuido de paso a desviar la atención de algunos problemas internos. En esta línea, por ejemplo, ha buscado desplazar el debate sobre las realizaciones del Consell Executiu de la Generalitat a la discusión sobre el poder político de que dispone Cataluña y a la reivindicación de las siempre frustradas aspiraciones de una mayor autonomía, lo que, a su vez, depende esencialmente del automatismo y de la adecuación de la financiación.

Ciertamente, el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas, que se deriva de los pactos autonómicos firmados en 1981 por los socialistas y Unión de Centro Democrático, ha quedado obsoleto y discrimina a varias comunidades, en primer lugar a la catalana. Por añadidura, el rigor impuesto por el ministro Solchaga para los gastos de 1986 agrava las dificultades para el autogobierno de estos territorios, a los que devalúa políticamente transformándolos en meras autonomías de gestión.

La vuelta a las negociaciones sobre financiación autonómica tras el último y precipitado contacto entre Felipe González y Jordi Pujol parece significar que el presidente del Gobierno y su ministro de Economía han asumido al fin el agravio comparativo que existe entre la fórmula de concierto económico por la que se rigen las comunidades de régimen foral y el sistema financiero para las de régimen general. Las primeras representan el 7,1% de la población y obtienen el 24,5% de los recursos, mientras que las de régimen general suponen el 92,9% de la población y se les aplica el 79,5% de las dotaciones. Esta situación de discriminación que padecen varias comunidades, Cataluña entre ellas, explica la única resolución adoptada unánimemente ahora por todos los grupos parlamentarios del legislativo catalán y en la que reclaman un sistema de financiación satisfactorio para 1986.

A la reanimación de la política catalana que ha practicado el presidente de la Generalitat con su deslizamiento hacia posiciones más extremas no es, desde luego, ajeno el actual clima preelectoral. En la estrategia que Pujol ha desplegado han influido tanto el ambiente de fracaso prematuro ante las elecciones gallegas que envuelve a la operación reformista impulsada por su segundo, Miquel Roca, como la oportunidad de tantear las defensas socialistas, supuestamente deterioradas desde el verano.

Volcándose en el frente exterior, de manera electoralista o no, Pujol ha propiciado ampliamente, a través de esa antigua y tópica estrategia, la ocultación de su frente interior, y con ello, de muchos problemas con los que se encuentra directamente responsabilizado ante los ciudadanos. En este sentido ha logrado soslayar o aplazar el desgaste de la Generalitat en la batalla sanitaria y ha sustraído a un Parlament donde apenas se realizan ya debates sectoriales, la discusión sobre la gestión de su Gobierno. Un futuro no necesariamente alejado dirá si la exasperación nacionalista del pujolismo fue una necesaria y eficaz réplica para el desarrollo global de Cataluña o constituyó un precio que impuso un líder circunstancial y que pagarán primordialmente los mismos catalanes.