Interior abre una investigación sobre implicaciones de policías en el tráfico de estupefacientes

El Ministerio del Interior ha ordenado abrir una investigación sobre supuestas implicaciones de policías en el tráfico de estupefacientes, según confirmó ayer el gabinete de prensa de la Dirección General de la Policía (DGP). La investigación ordenada por Interior y canalizada por esa dirección general surgió a raíz de unas declaraciones, desmentidas días más tarde, de Manuel Peláez, delegado del Gobierno en Ceuta, en las que relacionaba a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con el tráfico de drogas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) envió un escrito al ministerio en el que solicitaba la investigación.

Manuel Peláez, a quien no fue posible localizar ayer, hacía la siguiente declaración al semanario Época, recogida en el número de la semana pasada: "Miembros de las fuerzas de seguridad del Estado colaboran con los traficantes de droga y andamos tras ellos para conseguir pruebas"."Comenzamos a investigar a las fuerzas de seguridad del Estado, como responsables de la custodia del orden legal y en particular la lucha contra el contrabando de droga", añadía Manuel Peláez.

Mentís

"Comenzamos a hurgar en los bajos fondos y empezaron a surgir nombres como hongos. Pocas denuncias contra la Guardia Civil, cuya limpieza pudiera considerarse aceptable a juzgar por nuestras informaciones. Alguna contra el Cuerpo Superior, con una denuncia concreta (...) y muchas contra miembros de la Policía Nacional", agregó el delegado del Gobierno en Ceuta.

Sin embargo, Manuel Peláez desmentía tales declaraciones el pasado sábado en el diario El Faro de Ceuta. El delegado del Gobierno indicaba en su nueva declaración que la anterior era "un montaje periodístico con mala intención". Peláez no se encontraba ayer en Ceuta, según manifestó su secretario.

Tras aparecer publicadas las primeras declaraciones del delegado del Gobierno, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) -que dice agrupar a 35.000 policías nacionales de un colectivo de más de 50.000- envió un escrito al ministro del Interior, José Barrionuevo, en el que solicitaba la apertura de una investigación sobre tales supuestas corrupciones, para poder verificar la certeza o falsedad de tales declaraciones.

Mala imagen

El escrito del sindicato mayoritario en la Policía Nacional, que lleva fecha de 3 de octubre, añade que las manifestaciones atribuidas al delegado del Gobierno en Ceuta suponen una mala imagen para la policía, y que "la plantilla de Policía Nacional de Ceuta se comporta profesional y humanamente de un modo correcto".

A su vez, el Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU), minoritario en el cuerpo, protestó por las declaraciones de Peláez.

Precedentes

En los últimos dos años, diversos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han sido implicados en el tráfico de estupefacientes.

El pasado 1 de marzo, un funcionario adscrito a la plantilla del Cuerpo Superior de Policía de Almería fue detenido por la Guardia Civil, que le ocupó 980 gramos de cocaína, valorados en unos 12 millones de pesetas.

Al detenido se le acusó de transportar droga en un coche entre localidades costeras de Almería y Málaga.

Un guardia civil fue detenido en junio de 1984 por tráfico de drogas. El agente fue sorprendido por fuerzas del Cuerpo de Policía Nacional destinadas en La Línea de la Concepción, en Cádiz. Le fueron intervenidos 1.700 gramos de hachís.

El 29 de agosto de ese año, un sargento de la Guardia Civil fue detenido en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) por fuerzas del Grupo Central Antidrogas de la Dirección General de la Guardia Civil, que le intervinieron casi dos kilos de heroína, cuyo valor fiscal se estimó en unos 36 millones de pesetas.

El sargento se encontraba adscrito a la Comandancia de la Guardia Civil de El Escorial.

La Iglesia vasca hizo pública en noviembre de 1984 una pastoral donde acusaba al terrorismo y a la policía de tráfico de estupefacientes.

En la pastoral, los obispos de la comunidades vasca y navarra acusaban a las organizaciones terroristas y a "algunos agentes de orden público" de utilizar el tráfico de drogas en su propio beneficio: las organizaciones terroristas, para costear las compras de armamento; y los agentes de seguridad, para obtener información.

La pastoral subrayaba las "complicidades" que existen con el mundo de la drogadicción juvenil, y afirmaba que sólo se conocen las últimas ramificaciones de las redes de distribución, pero "la batalla del tráfico", afirmaban los obispos, "se juega en instancias más escondidas y poderosas".