El Grupo Popular acusa al presidente de la Diputación de Valencia de ocultar una auditoría

Miembros del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Valencia acusaron ayer al presidente de la institución, Antoni Asunción, del PSOE, de ocultar la parte negativa de una auditoría sobre la gestión de su predecesor en el cargo, el también socialista Manuel Girona. La auditoría, realizada por las firmas Vela, Marco Auditores y Bores y Loring y Compañía, señala, en general, deficiencias e irregularidades de carácter administrativo.

Este aspecto no había sido revelado por Asunción cuando informó al Grupo Popular al respecto, el pasado mes de julio. Sin embargo, sí les dió cuenta, como éstos señalaron en la sesión de ayer, de las partes positivas de la auditoría.Las acusaciones de los populares hicieron que Asunción a su vez les acusase de actuar con mala fe y "decir la verdad a medias", a lo que añadió una encendida defensa de Girona. El actual presidente definió la gestión del anterior como "transparente y brillante" y defendió su postura señalando que las conclusiones de las empresas auditoras eran "una opinión y no un dogma de fe". Dijo que la auditoría estaba hecha "con criterios de empresa privada y no de Administración pública", y añadió que, en cualquier caso, el informe serviría para detectar los errores y corregirlos en el futuro.

El presidente se comprometió, además, a presentar en breve un contrainforme sobre los errores señalados por la auditoría que desde entonces se han podido corregir y los que no.

Las empresas auditoras calificaban de "inadecuado y deficiente" el sistema de gestión aplicado durante la época en que Girona presidió la Diputación, con defectos como "la tardanza en el pago a proveedores y el lento y largo proceso de tramitación de mandamientos de pagos en los servicios centrales". Detectaban "deficiencias importantes" en la elaboración y control de presupuestos y añadían en cuanto al área de personal, que "presenta en general deficiencias e irregularidades con respecto a su gestión y control".

El punto relativo a la auditoría formaba parte de una moción presentada por el Grupo Popular que incluía también la solicitud de denuncia del convenio que el Hospital General, dependiente de la Diputación, mantiene con el Instituto Nacional de la Salud (Insalud) para la asistencia a enfermos de la Seguridad Social. El presidente informó de que ayer mismo se había denunciado el convenio, aunque con la apertura de un nuevo período de negociaciones y sin romper la vinculación entre ambas instituciones, de forma que no peligrasen los puestos de trabajo de las 1.900 personas que trabajan en el Hospital General. Los socialistas acusaron a los populares de irresponsabilidad por pretender crear un vacío en las relaciones entre Insalud y hospital.