Un mal modelo de reconversión policial

La reciente aprobación del proyecto de ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha abierto la polémica, centrándose hasta ahora casi exclusivamente en la prohibición del derecho de huelga. Esta cuestión, importante en sí por las restricciones constitucionales que comporta, ha polarizado de tal manera el debate que ha desviado la atención de otros aspectos de suma importancia para el futuro de la policía española. Ello se debe en gran parte al énfasis que han puesto ciertos medias en las declaraciones del ministro Barrionuevo, para que sólo se hable de la huelga de los policías y sus consiguientes perjuicios debido a su incidencia en la seguridad ciudadana, que ya de por sí está bastante deteriorada, a pesar de las dóciles estadísticas.La denominación de institutos armados, contemplada en el proyecto para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se justifica, según los autores, de forma simple y comprensible, en que son instituciones y sus miembros portan armas, y con dicha definición se evita la huelga de policías, al amparo del artículo 28 de la Constitución. Lo cierto es que con este planteamiento, incorrecto técnica y jurídicamente, se vertebra una policía militarizada y autoritaria.

Una interpretación correcta del artículo 28 de la Constitución (que dice: "Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas armadas o institutos armados, o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos") imposibilita que se pueda utilizar como cobertura legal para definir a los cuerpos de seguridad como institutos armados, ya que éstos se refieren sólo a los cuerpos militares. El sentido de las palabras anteriores y posteriores de la norma constitucional que interpretan la significación del instituto armado le califican como sometidos a disciplina militar, al adjetivarle con el demás.

Los antecedentes históricos nos muestran que el instituto armado se le aplica únicamente a los cuerpos militares. La formación del significado y su utilización para la Guardia Civil se revela claramente en las excelentes obras de los catedráticos Diego López Garrido y Manuel Ballbe; en éstas se pueden constatar las posiciones encontradas entre los civilistas y los militaristas -duque de Ahumada y sucesores-. El litigio se solventa en la ley constitutiva de 29 de noviembre de 1878, al señalar que "la Guardia Civil constituye un cuerpo más del Ejército", sentido que ya se iba configurando con la orden del presidente del Poder Ejecutivo de la República de 1 de abril de 1874, después del golpe de Pavía, que decía: "La resistencia a la Guardia Civil, como instituto armado... es... (un delito) de índole puramente militar".

No cabe la menor duda que la realidad social del tiempo en que se va a aplicar la norma obliga a una interpretación progresiva. Las posiciones de los socialistas, al enmendar el proyecto de ley orgánica de Seguridad Ciudadana, se oponían a que se calificara de instituto armado a la Policía Nacional, ya que ésta constituía un cuerpo civil; en esta línea se orientaba la interpelación parlamentaria del actual presidente del Congreso de los Diputados contra la Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1981 sobre los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sindicalismo 'subordinado'

El seudoderecho sindical queda por debajo del Real Decreto 3.624/1976, que legalizó el derecho de asociación provisional del entonces Cuerpo General de Policía y que también se utilizó para la Policía Nacional hace menos de un año. El régimen que instaura se fundamenta en los principios inherentes a la función policial como son los de jerarquía y subordinación, que coartan el ejercicio de la actividad sindical, por lo que si no se suprimen sobra el sindicalismo en la policía.

En cuanto al derecho de huelga, para su supresión se citan algunos países de nuestro entorno cultural y político y textos internacionales que posibilitan su restricción, eludiendo deliberadamente el que los propios textos impiden que puedan ser invocados para menoscabar los derechos reconocidos por la legislación nacional más favorable, caso de nuestra Constitución.

Lo aconsejable es que se introduzcan mecanismos o instrumentos como la mediación o arbitraje que hagan prácticamente imposible el ejercicio del derecho de huelga y que, incluso en el supuesto extremo de que sea ejercitado, los servicios mínimos sean de tal naturaleza que conviertan a la huelga en testimonial, quedando garantizada la protección ciudadana.

No se satisfacen las legítimas expectativas que los profesionales de la policía habían puesto en la unificación, pues no contempla la carrera profesional, que exija un adecuado nivel de titulación para el ingreso -la declaración de la policía habla de formación profunda-, que como mínimo debería ser de BUP; coarta la promoción interna, derecho por lo demás adquirido por los actuales policías, al impedirles pasar de una escala a otra sin titulaciones universitarias; se prima a los militares sobre los civiles en las equiparaciones; no se reconoce, incumpliendo promesas y acuerdos escritos, la titulación superior a la escala ejecutiva y se deja la puerta abierta para el ingreso de militares.

Modelo policial centralista

El proyecto se pronuncia por un modelo de policía centralizado que ignora la realidad constitucional del Estado de las autonomías. Los Cuerpos de Seguridad del Estado se apropian de todas las competencias en materia de seguridad ciudadana y de policía judicial, quedando reducidos los demás, autonómicos y locales, a meros colaboradores.

En conclusión, una ley digna de Barrionuevo, propia de Fraga, que habrá de satisfacer a los elementos autoritarios y militares que están al frente de la policía, que no mejora sustancialmente la ley de Policía de Martín Villa, que está lejos de aquellas palabras de esperanza que transmitió nuestro presidente, como secretario general del PSOE, en la revista Tribuna Policial, y que hará sentir sus efectos negativos sobre los ciudadanos.

es ex secretario de la Unión Sindical de Policías (USP).