Gobierno regional defenderá la ley del Justicia ante el Tribunal Constitucional

El Gobierno aragonés y las Cortes regionales defenderán ante el Tribunal Constitucional la ley del Justicia de Aragón (institución similar al Defensor del Pueblo) y contra la que el último Consejo de Ministros acordó presentar por el trámite de urgencia un recurso de inconstitucionalidad. El Gobierno central entiende que la referida ley, aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios aragoneses el pasado 20 de junio, sobrepasa las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía y asume algunas funciones propias del Defensor del Pueblo.La principal misión del Justicia es "la protección y defensa de los derechos y libertades, individuales y colectivos, reconocidos en el Estatuto de Autonomía; la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación, y la defensa del propio Estatuto". Entre las competencias que la ley confiere al Justicia están las de poder supervisar la actividad de la Administración autonómica y la de los municipios aragoneses, dirigirse a toda clase de autoridades, organismos, funcionarios o dependencias de cualquier Administración con sede en Aragón, de quienes podrá recabar informacion; asimismo entenderá de todas las quejas relacionadas con los derechos individuales o colectivos.

El Gobierno central ha recurrido cuatro artículos de la ley, referidos a que el Justicia podrá dirigirse a toda clase de autoridades, organismos y dependencias, y a la supervisión de la Administración autónoma y municipal. Otro punto conflictivo es el referente a las comunicaciones que los detenidos podrán mantener con el Justicia y que deberán gozar, según la ley, de las garantías establecidas por la legislación vigente.

El ejecutivo aragonés ha subrayado la constitucionalidad de la ley y ha anunciado su intención de defenderla ante el Tribunal Constitucional, de forma conjunta con las Cortes regionales, cuyo presidente, Antonio Embid, cree que se trata de un problema de interpretación del término dirigirse que, en modo alguno, debe entenderse como una fiscalización, sino como la posibilidad de recabar información. Todos los partidos con presencia en el Parlamento autónomo defienden la constitucionalidad de la ley. Ayer, las Cortes de Aragón no habían recibido de forma oficial el recurso de inconstitucionalidad, cuyo plazo para ser interpuesto termina el 2 de octubre.

El Justicia es una figura histórica cuya misión era la de garantizar la correcta aplicación e interpretación de los fueros de Aragón, incluso con autoridad en tal materia sobre el Rey y sus oficiales.